No es grato desarrollar un tema con el contenido que titula al presente editorial. Sin embargo, resulta obligatorio escribirlo.

Mientras la Corte Constitucional (con una mayoría de simpatizantes de Alianza PAIS) no asuma que las preguntas que se pretende someter a consulta popular tienen la validez requerida, nada serio se decidirá para lograr una auténtica reactivación económica. Talvez por ello unos cuantos militantes de las bases del sector morenista se manifiestan frente al edificio que aloja dicha Corte Constitucional pidiendo a gritos que acelere la calificación de esas preguntas.

Mientras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral respecto a quien dirige el partido Alianza PAIS (dura definición a establecer por parte de simpatizantes de ambas fracciones) sea tomada, lo cual puede extenderse por un mes, nada realmente trascendente para el devenir de la economía será asumido como política del gobierno.

Mientras los asuntos arriba mencionados no estén definidos en plenitud, seguirán los legisladores de todos los sectores opinando contra la denominada Ley de Reactivación Económica, respecto de la cual existe acuerdo mayoritario en cuanto a que ni su propósito ni su denominación guardan coherencia con su contenido que es más bien orientado a la recaudación de más recursos para la ahora flaca caja fiscal.

Así, lo único notable respecto a la antes mencionada Ley es lo improvisado de su elaboración, que ya ha debido de soportar algunos reajustes que resultaban indispensables para subsanar el desaforado afán recaudatorio que evidencia y el apresuramiento de su elaboración que ya ha generado 17 observaciones.

Si bien es cierto que también es de aceptación general aquello de que gobernar es rectificar, se espera que los equipos de gobierno reflexionen adecuadamente antes de proponer al Presidente de la República que envíe a la Asamblea Legislativa proyectos de Ley, de paso con carácter de urgente.

Ahora, cabe esperar que lo ocurrido se constituya en una lección aprendida y se busque construir el anhelado consenso, a partir precisamente de la decisión política de mantener el diálogo como el principal instrumento de la acción gubernamental, antes de proceder a iniciar el respectivo trámite de cualquier nuevo proyecto de ley. El gobierno ya no cuenta con mayoría.