Si con leyes se asegurara el bienestar económico no existiría la economía. Las intenciones del legislador no pueden crear oportunidades que no existen más allá de las proclamas políticas. Cuando las leyes violan abiertamente la oferta y la demanda, el resultado es la distorsión, sea por la carestía artificial de la oferta o demanda del bien o servicio prestado, o sea por la informalización. Se da paso al contrabando, al agiotaje, al desempleo, al estancamiento y a la inflación como resultado.

Es el caso de nuestros mercados laborales caracterizados por su rigidez e inmovilidad. Las pruebas de su disfuncionalidad incluyen el hecho de que el 60 % de la fuerza laboral está en estado de desempleo o subempleo (hoy eufemísticamente llamado empleo inadecuado), y la migración de un millón de ecuatorianos al exterior como medio de supervivencia económica. Se mide a todos los sectores con la misma vara, violándose así el principio de que cada mercado (ocupación o sector) tiene sus propias características.

La discusión y tratamiento racional de los temas laborales es una tarea virtualmente imposible. Año a año se repiten los rituales de la fijación de sueldos y salarios, con las consabidas posiciones irreconciliables entre los patronos (que deben pagar la factura) y los trabajadores (que desean mejorar sus remuneraciones). En el mejor de los casos, cualquier arreglo cobija a los asalariados, y deja por fuera a la mayoría de trabajadores informales, independientes, y desempleados.

La economía actúa en forma inducida. Los objetivos de toda política deben apuntar al crecimiento sustentable, toda vez que la inversión y la generación de empleo van de la mano. El crecimiento, a su vez, depende de los logros en materia de competitividad y productividad. Ambos son conceptos referidos al eficiente uso de los recursos disponibles, o, dicho de otra forma, a la optimización de la producción con la misma cantidad de recursos.

Este tipo de racionamiento no es el elemento impulsor de la política económica, pues predominan las proclamas altisonantes, y cada vez menos convincentes, de que con leyes se logra el progreso. Estas son elementos coadyuvantes sí (cuando están correctamente concebidas) pero, en el mejor de los casos, condiciones necesarias, mas nunca suficientes para alcanzar el progreso.