L as fuerzas de seguridad de Venezuela buscaban ayer al policía, y también actor, que comandó un ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde un helicóptero robado, pero muchos venezolanos miraban con escepticismo la versión oficial.

El martes, minutos antes del atardecer, un efectivo de la policía científica (Cicpc) hurtó la aeronave de una base aérea en Caracas y, con una bandera que decía “libertad”, sobrevoló los edificios del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, situados en el centro de la capital, a los que disparó y lanzó granadas sin dejar víctimas.

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó el hecho como un “ataque terrorista” de un “psicópata asesino”, y dijo que estaba en busca del piloto Óscar Pérez, sobre quien emitió una orden de captura internacional a través de la Interpol.

El helicóptero robado fue localizado en el norteño estado Vargas, zona donde desplegaron fuerzas de comandos especiales. No hubo detenidos.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que los actos de Pérez “no representan el sentir de este noble cuerpo”, refiriéndose al Cicpc.

Horas antes, el canciller Samuel Moncada rechazó los cuestionamientos a la versión oficial del ataque. Ahora dicen que “le indicamos qué tenía que hacer (al piloto), le dimos unas granadas y que él planeó dónde soltarlas para que no hiriera a nadie”, dijo en conferencia de prensa, en la que conminó a los gobiernos extranjeros a condenar el atentado.

En las calles de Caracas, algunos creen que el Gobierno escenificó el acto para desviar la atención sobre dos sentencias del TSJ que debilitan competencias de la Fiscalía, cuya jefa ha criticado a la administración de Maduro y presentado recursos legales para revertir medidas tomadas que detonaron protestas opositoras. El TSJ emitió las sentencias (ver subnota) justo cuando sobrevolaba el helicóptero.

Desde principios de abril, la oposición comanda una ola de protestas contra Maduro, a quien acusan de haber llevado a Venezuela a una “dictadura”.

Algunos creen que el episodio del helicóptero podría llevar al Gobierno a justificar la aplicación de un “estado de excepción” para tratar de acallar las protestas, que han dejado 76 fallecidos según la fiscalía, algunos de ellos jóvenes manifestantes que han muerto por balas de la fuerza pública.

“Es un show, un montaje”, dijo Angélica Oropezi, una estudiante que protestaba la tarde de ayer con un bloqueo de una calle de Caracas. “Si realmente estuvieran atentando contra el Estado, la gente no habría salido a las calles hoy”.

En la capital y otras ciudades del país petrolero, cuadrillas de venezolanos bloquearon por cuatro horas algunas de las principales vías como medida de protesta.

Conexas

Urnas

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, afirmó ayer que las elecciones a la Asamblea Constituyente se realizarán como está previsto, el 30 de julio, a pesar de las “amenazas” de la oposición para impedirlas.

Respuesta

En un comunicado leído ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, afirmó que la corte está “bajo amenaza terrorista” y convocó a todos los poderes públicos a tomar medidas para “impedir una escalada violenta”, en medio de las protestas opositoras.

“Ceguera”

El canciller Samuel Moncada criticó a la comunidad internacional por su “ceguera” frente al denunciado ataque, por la falta de reacciones de países “que dicen preocuparse por Venezuela”. Agradeció las condenas de naciones como Ecuador, Bolivia y Cuba.

Protagonista

El hombre del helicóptero, policía y actor

Óscar Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, protagoniza en Venezuela una historia de película: difundió vídeos en los que llama a rebelarse contra Maduro y sobrevoló Caracas en un helicóptero que, según el Gobierno, lanzó granadas a la Corte Suprema.

Escoltado por cuatro personajes enmascarados y armados (de los cuales solo uno se mueve), Pérez, el único con el rostro descubierto, pidió a “los venezolanos” reencontrarse con “nuestra Fuerza Armada” y recuperar “nuestra amada Venezuela”.

Maduro lo identificó rápidamente con nombre y apellido, al hacerlo responsable del “ataque terrorista” y vincularlo con la CIA, la embajada de EE. UU. y un plan de golpe de Estado que ya venía denunciando.

Sin embargo, no era la primera vez que los venezolanos veían la cara de Óscar Pérez.

El agente protagonizó en 2015 la película ‘Muerte suspendida’, un filme de acción basado en el famoso secuestro de un comerciante portugués en Caracas en 2012. Fue, además, coproductor.

Según entrevistas ofrecidas entonces, escuchar a un niño en la calle decir que quería ser “un pran (líder de delincuentes presos) para tener dinero, mujeres y el respeto del barrio” le motivó a hacer el filme. Pérez era jefe de operaciones aéreas de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 16 años de carrera en el ente.

Su perfil en Instagram (@oscarperezgv) es público. Allí se lo puede ver montando a caballo con equipo de combate y en otras tomas de acción. En un vídeo, incluso, logra dispararle a un maniquí, estando de espaldas y usando un pequeño espejo de maquillaje para apuntar. Ha sido además instructor canino, entrenando a cachorros para detectar drogas y explosivos.

Los adversarios de Maduro ponen en duda la versión oficial. “Parece una cosa de película. Hay gente que dice que es un peine (un montaje); hay gente que dice que es una cuestión real”, dijo ayer Julio Borges, presidente del Parlamento, de amplia mayoría opositora.

Y es que su pasado como actor ha despertado suspicacias. Hoy, para unos es un “alzado en armas” y para otros el protagonista de un nuevo “show”.

Funciones

Le prohíben salir del país a la fiscal

El TSJ aprobó ayer las medidas cautelares solicitadas por un diputado chavista contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes 4 de julio la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que ayer acusó al Supremo de mantener una “ruptura del hilo constitucional” y de estar “desmantelando el Estado”.

Dos sentencias emitidas la noche del martes por el TSJ dieron atribuciones de investigación de la Fiscalía al oficialista defensor del pueblo, Tarek William Saab, y anularon la designación del vicefiscal. Con la decisión del Supremo, la Defensoría del Pueblo, cercana también al Gobierno, podrá ahora investigar, emitir opiniones, revisar expedientes, promover pruebas y recibir denuncias en casos de derechos humanos, una competencia hasta ahora reservada al ministerio público. Como en otros casos, el chavismo crea una oficina paralela para restar poder a un órgano que puede ejercer de oposición.