Las drogas, un limite para el libre consumo
Durán. Se prohíbe el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, so pena de sanciones y multa.
Desde su adolescencia, ‘Wilmer’ consume marihuana y lo hace prácticamente a escondidas. En su experiencia, expone que fumarse un ‘porro’ en la vía pública siempre ha sido un riesgo, especialmente en Guayaquil.
La propuesta para que se resuelva una ordenanza municipal mediante la cual se prohíba el consumo de drogas en espacios públicos le preocupa. Cree que la posible normativa servirá para amenazar con cárcel, coimas o incluso maltrato físico a un consumidor, independientemente de la cantidad que porte.
“En lo personal, considero que esa nueva norma lo que hará es sumarse a todo el aparato represivo que existe contra los consumidores de cannabis, que pagamos los platos rotos de una legislación que debe entender que la marihuana no tiene nada que ver con productos de verdad nocivos como la cocaína, crack, heroína, incluso el licor”, opina ‘Wilmer’.
Esta semana, la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) tiene previsto entregar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) la propuesta. A través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) busca que se cree una ordenanza que restrinja el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en parques, calles y demás escenarios públicos, tal como lo ha hecho el Municipio del cantón Durán, en Guayas.
El pasado martes, el Comité Interinstitucional de Prevención Integral de Drogas aprobó la estrategia emergente para la Zona 8, que resolvió (entre otras medidas) entregar el proyecto a la AME para su análisis.
Una propuesta que a decir del abogado Julio César Cueva, está bien canalizada. “La potestad pública de control de esos bienes (calles, plazas, parques...) es de los municipios... Es correcto que el Estado nacional recurra al gremio cantonal para que ellos, a través de ordenanza municipal, regulen o restrinjan el consumo de sustancias estupefacientes en esos lugares... Es una competencia privativa de los GAD”.
Una fiscal, a cuyo conocimiento llegan casos de drogas y quien pide la reserva de su identidad, se muestra de acuerdo con la intención. No obstante, considera que mandar a los adictos a que se encierren en sus casas para drogarse, es tapar una realidad social. Ya nadie los vería, pero el problema persistiría, dice.
Destaca el artículo 364 de la Constitución, que señala a las adicciones como un problema de salud pública. “Hay que crear más centros de rehabilitación. La mayoría (de adictos) son de escasos recursos. También hay que fortalecer la parte afectiva con la familia”, recomienda.
