Dos vias para el padre que no paga pensiones

El Estado asumirá el pago de pensiones alimenticias de un porcentaje de padres con boletas de apremio. A cambio, el beneficiado se comprometerá a cumplir con una jornada laboral con el Estado. Lo anunció el presidente Rafael Correa el sábado, en su enlace desde Malchinguí, Pichincha y lo reforzó ayer la ministra de Justicia Ledy Zúñiga. Según Correa a noviembre del año pasado hubo alrededor de 182.640 juicios por pensiones alimenticias y en ese mismo mes unas 821 personas fueron arrestadas por ese tema. Comparó esas aprehensiones con la prisión por deudas. La ministra indicó que es una de dos estrategias que se barajan para hacer efectivo el derecho de los menores de recibir sus alimentos. Esa posibilidad dependerá de la incapacidad de una persona de cumplir con sus obligaciones al no tener un trabajo formal. La alternativa no convence a padres como Salim Zaidán. Él es catedrático de la Universidad Andina y padre de una menor a quien provee de una pensión alimenticia. Zaidám no ve muy factible esa alternativa. “Impracticable salvo que haya contratos por servicios ocasionales”, señala. El profesor universitario considera que la preocupación principal para el Estado “parecería ser el impacto que tiene en el presupuesto mantener a un padre privado de libertad”. Opina que lo que “debería preocupar es el mal uso que se ha hecho del apremio como instrumento inútil de venganza”. Agrega que al padre se le priva no solo de su libertad, sino de la posibilidad de buscar un empleo, generar recursos y cumplir con su obligación. Pero esa parece ser precisamente, según Justicia, la alternativa idónea para hacer efectivo el pago, pero en el caso de los reincidentes. Según Zúñiga, de los más de 180.000 casos por pago de alimentos más del 50 % se ha solucionado por un acuerdo entre las partes. Del restante 50 %, un 70 % sí paga los alimentos pero hay un 30 % (los reincidentes) que entra y sale del sistema penitenciario. Si esta posibilidad se concreta el Estado asumiría el pago anual de unos 4,5 millones de dólares, según reveló Correa. En estos casos, trabajarían en el día y el apremio lo cumplirían solo en las noches. La segunda opción es el brazalete electrónico para casos en los que por primera vez se emita una boleta de apremio. Esa medida evitaría que los padres pierdan el empleo. La ministra aclaró que no se ha presentado la posibilidad de eliminar el apremio. Los padres con la orden judicial serían parte de los beneficiados con el brazalete previsto para unas 6.000 personas. Los dispositivos llegaron este mes. La fase piloto será hasta marzo. Se aplicará para víctimas de violencia intrafamiliar, arrestos domiciliarios, tercera edad, personas con alguna enfermedad grave que no se trata en los centros y para sentenciados que cumplen entre 60 y 80 % de la pena.