El uso de documentos falsos aqueja a la compra publica
La compra pública, pese a las irregularidades detectadas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, mantiene las mismas leyes. Las autoridades actuales solicitan una reforma legal para frenar procesos poco transparentes.
Las irregularidades tienen implicaciones legales. Las compras públicas, durante el año pasado, estuvieron salpicadas de actos que ahora investiga la Fiscalía General. Por lo menos, 17 procesos de adquisiciones del Estado tienen fallas que pueden ser penadas por la ley.
Según un reporte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), al que accedió EXPRESO, durante el año pasado se intentó firmar contratos pese a que existían indicios de concusión, peculado, usurpación y simulación de funciones públicas, asociación ilícita, intimidación y falsificación de documentos. Este último es el caso más repetitivo. De los 17 hallazgos que el Sercop envió a la Fiscalía, nueve fueron por usar documentos falsos, el presunto delito más frecuente en las compras públicas, al menos en 2018.
Una de esas denuncias, hasta el momento, tiene sentencia. En agosto del año pasado, se condenó a un año de cárcel por irregularidades y concusión en compras del Ministerio de Educación en Azuay. El caso fue parte de un procedimiento abreviado con la colaboración del proveedor privado como denunciante.
Silvana Vallejo, directora general del Sercop, asegura que la entidad hace todos los controles posibles para evitar procesos de compras irregulares. Sin embargo, reconoce, hace falta una reforma integral a la ley para corregir artículos que propician los claroscuros en las operaciones del Estado.
Uno de los procesos más cuestionados es la contratación entre empresas públicas. Durante 2018, muestra el informe mencionado, se detectaron 1.401 procesos con anomalías. En monto, los casos en rojo sumaban 289,32 millones de dólares.
De ese total, 75,11 millones de dólares correspondían a contratos entre empresas públicas. El problema es que ese mecanismo era solo una cortina para negociar con empresas privadas. Sercop detectó que en 214 procesos se aseguró que la compra era entre entidades públicas, pero en realidad se trataba de una operación entre una compañía pública y una privada que era subcontratada de manera ilegal.
Hay más alertas. Las autoridades encontraron que más de 108 procesos de contratación no tenían estudios previos. Es decir, diferentes entidades públicas trataron de adjudicar 66,17 millones de dólares al sector privado sin contar con documentos que confirmen las necesidades de compras de bienes o servicios.
En el listado también hay procesos de subastas con mínimos ingresos para el Estado, falta de documentación, fijaciones de presupuesto sin justificación y errores técnicos y administrativos.
Los 1.401 procesos pasaron a manos de la Contraloría General del Estado para que se investigue y determinar las responsabilidades.
Gustavo Araujo, subdirector general del Servicio Nacional de Contratación Pública, espera que las autoridades de la Fiscalía General y de la Contraloría actúen con celeridad para frenar los actos de corrupción. Él reconoció, no obstante, que los filtros del Sercop son insuficientes por la falta de personal que tiene la entidad para efectuar el control.
