En Magna, una comuna chimboracense de caminos tierrosos y casitas de adobe, la escuela es el único edificio emblemático. No tiene agua potable o línea telefónica, pero es un orgullo para las familias de aquel caserío; ahí sus hijos se forjan un futuro.

El ‘profe’ Salomón llegó a la institución en 2016 en medio de una cálida acogida del pueblo. Pero la alegría duró poco. Meses después de su arribo, una madre hizo una oscura confesión. El ‘profe’ le había pedido a su hija que le toque los genitales.

Solo entonces se supo. El risueño maestro, transferido por la oficina distrital del Ministerio de Educación, llegó a Magna con un pasado; cinco denuncias por abuso sexual en una escuela de Alausí. Antes de ser apresado, el docente estaba a punto de ser reubicado en una tercera escuela.

El caso no es único. Vinces, Delég, Guayaquil, Quito; instancias en que las Juntas de Resolución de Conflictos, creadas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural para resolver disputas en el sistema escolar, han aprobado el traslado de docentes denunciados por delitos sexuales a otros centros educativos.

Curiosamente, la propia ley lo prohíbe. El artículo 342 reitera que, en caso de una acusación, las medidas de protección a favor de las víctimas deben establecerse de manera inmediata, “sin que esto implicare el traslado o traspaso de la o el docente a otra unidad educativa”.

Sin embargo, esta medida se mantiene solo a lo largo de noventa días. En ese plazo, mientras la junta investiga, el docente acusado pasa a labores administrativas. Luego, si la investigación no llega a una conclusión, o vence el plazo, el maestro puede regresar al aula o ser reubicado.

Roberto Briones, experto en educación, indica que hay un vacío legal que debe ser solucionado. “Aquí el problema es que existen dos protocolos judiciales para los casos de abuso sexual. Cuando pasa en la casa, va a la Fiscalía, cuando pasa en el colegio, a las juntas. El procedimiento debe ser único. Estos delitos no deben ser abordados y solucionados como conflictos administrativos”, afirmó.

Las instancias no son novedad. Varias constan en el informe elaborado por la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional, encargada de investigar estos casos (ver nota lateral).

Sybel Martínez, directora de la agrupación Rescate Escolar y exveedora de la comisión, lo constata; el informe determina negligencia de las autoridades distritales y de las juntas. Para la activista, estas últimas llevan sobre sí una gran responsabilidad.

“La Constitución prohíbe la mediación en casos de violación, sin embargo, estas buscaron ‘resolver’ delitos como si fueran faltas administrativas”.

Pero en el documento quedan preguntas sin contestación. Por ejemplo, ¿cuántos docentes acusados fueron ‘reubicados’? ¿Hay sumarios administrativos abiertos contra estos? EXPRESO solicitó al Ministerio de Educación información sobre los procesos la semana pasada. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El silencio se debe quizá a que la propia entidad no lo sabe. En noviembre, este Diario entrevistó al exministro de Educación Augusto Espinosa. Al preguntarle sobre los delitos, cuya cifra asciende a 991 casos entre 2014 y 2017, este indicó que “es difícil dar una respuesta de cuántos casos terminaron con una separación del docente”.

En cuanto a los sumarios administrativos, el informe de la comisión registra 453 desde 2014. Pero solo recibieron la cifra; ni detalles ni resoluciones.

El único dato concreto lo dio el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, cuando acudió a la Fiscalía con 82 casos archivados por las Juntas de Resolución de Conflictos en casos de abuso sexual. No aseveró que hubo negligencia, pero tampoco lo negó. Indicó que prefería que sea la Función Judicial, y no el ministerio, quien lo constate.

El ministerio cambia las reglas

Cuando el alto porcentaje de casos de abuso se hizo público, el Ministerio de Educación emitió dos decretos, adicionales a la LOEI. El primero de ellos, el 2017-00052-A, establece que, en caso de conocer de una denuncia, todo el proceso debe estar documentado. A su vez, docentes y administrativos deben colaborar y responder ante la Fiscalía. El artículo 10 prohíbe terminantemente el traslado del docente a otra unidad educativa.

A su vez, el documento obliga a las oficinas distritales a denunciar ante la Fiscalía, disposición que se encuentra en la LOEI, pero que, según lo que registró el informe de la Comisión Aampetra, no siempre se cumplía.

El acuerdo 2017-00055-A, en cambio, modifica los procesos de contratación estableciendo, entre varios puntos, la creación de comisiones para la contratación de maestros y la obligatoriedad de que los docentes y directivos cuenten con los años de experiencia necesarios.

El informe

Casos

La comisión analizó una treintena de casos. En un alto porcentaje se visibilizaron irregularidades en los procedimientos educativos. En el caso Aampetra, por ejemplo, se determinó que nunca se abrieron sumarios contra el docente o los directivos.

Contratación

El documento señala que, recién tras la sentencia del caso Aampetra, el ministerio dictó nuevos procedimientos para la contratación de docentes. Los requisitos de la LOEI no se cumplían. Hay 1.800 docentes sin título en el sistema público.

Falencias

El Ministerio de Educación nunca intervino los centros educativos denunciados. Esto lo reitera en una breve oración la comisión. “Pese al alto número de casos registrados, el ministerio no auditó ni intervino ninguna de la instituciones donde los hechos ocurrieron”.

Seguimiento

Está en la ley, pero no se cumple. El seguimiento, ayuda psicológica y reparación a las víctimas no se aplica. El documento indica que “no existe un seguimiento integral a las víctimas de estos hechos violentos ni se conoce si han podido retomar sus proyectos de vida”.