Este jueves 21 de diciembre, Acción Ecológica responderá a la denuncia presentada por el Ministerio del Interior, cuya notificación llegó la tarde del 20 de diciembre a cargo del Ministerio del Ambiente. El argumento para la disolución de la corporación es claro: “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidos”, eso reza el informe administrativo.

Para Esperanza Martínez, directora de Acción Ecológica, la disolución “sería un acto de absoluta ilegalidad”. Este 21 de diciembre expusieron las medidas que tomarán, debido a la notificación. Activaron varios mecanismos nacionales e internacionales para la defensa de la corporación; se han comunicado con relatores relacionados a Derechos Humanos, temas ambientales, derechos de participación, libre expresión, libre asociación...

A las 12:00 de este jueves planificaron una reunión con el encargado de las Naciones Unidas, y más tarde, a las 17:30 (hora límite), darán una respuesta en el Ministerio del Ambiente sobre la notificación. En el documento refutarán los argumentos por los cuales “se pretende la disolución de Acción Ecológica”.

Según Martínez, el Ministerio del Ambiente ventila que Acción Ecológica habría incurrido en actividades que le distancian de sus objetivos. Este mismo argumento, dijo la directora, utilizaron en 2009 cuando cerraron la corporación. Sin embargo, tras interponer un recurso legal, se revio la decisión y se restituyó la personería del organismo.

También que la corporación habría denunciado violaciones a los Derechos Humanos y que sus integrantes alegaron la ejecución de presiones, hostigamiento, amenazas, desalojos violentos y, al parecer, los acusan de acciones de injustificada militarización en la zona (de conflicto, en Morona Santiago), dijo la directora. Otro de los argumentos es que Acción Ecológica ha hecho afirmaciones sobre los graves impactos ambientales al ecosistema que resultarían de la actividad extractiva. Sin embargo, en esto se ratificó el organismo.

“En esta petición de cierre de Acción Ecológica se dice algo que sí nos parece algo mucho más grave y tienen que probarlo: que nosotros hemos incurrido en actos violentos”, explicó Martínez. Agregó que en los 30 años que lleva establecido el organismo han hecho demostraciones no violentas y en defensa de la naturaleza. “Las formas de manifestarnos han sido siempre recursos como el arte, canto, zapateadas...”, acotó.

Gloria Chicaiza, responsable de la campaña de antiminería, manifestó que el estado de excepción, la cual se activó tras el supuesto ataque de la comunidad Shuar a Fuerzas Públicas, en San Carlos de Panantza (Morona Santiago), continúa, al igual que las “presiones” y las “tensiones”, a pesar de que esa es una zona ancestral de la comunidad. Esto “es fruto de la entrada de los proyectos mineros en la Cordillera del Cóndor, por los proyectos mineros de gran escala que se pretenden realizar”, señaló Chicaiza. En esa zona, al parecer, habitan alrededor de 100 mil indígenas Shuar.

El Ministerio de Ambiente no ha emitido otro comunicado respecto a este hecho, luego de publicar la notificación y documento sobre la disolución. “El Ministerio del Ambiente notificó a la Corporación Acción Ecológica el inicio de un procedimiento administrativo, avocando conocimiento de la denuncia presentada por el Ministerio del Interior (...) Se garantiza el debido proceso y el ejercicio de los derechos de las partes”.