El director de Fundamedios da su version en caso Ochoa
César Ricaurte, director de Fundamedios, rindió su versión en la Fiscalía. Él hizo una relación pormenorizada de la forma en la que se cometió el presunto “uso doloso del texto adulterado de la Ley de Comunicación”, atribuido al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, contó el abogado Ramiro García.
César Ricaurte, director de Fundamedios, rindió su versión en la Fiscalía. Él hizo una relación pormenorizada de la forma en la que se cometió el presunto “uso doloso del texto adulterado de la Ley de Comunicación”, atribuido al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, contó el abogado Ramiro García.
El defensor precisó que la finalidad de la investigación previa es determinar si existe o no el presunto ilícito. Pero, según él, “existen varias resoluciones en las cuales se utiliza el texto adulterado de la Ley de Comunicación como sustento normativo para sancionar emisoras de radio”, explicó.
A inicios de mes, Ochoa aseguró que no ha dispuesto ni ordenado ninguna modificación de la ley.
Según el titular del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, esa infracción se encuadra en lo que determina el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), eso es falsificación y uso de documento falso.
Pero, según García, no solo la Superintendencia de Comunicación (Supercom) utilizó el texto adulterado. Señaló que también lo hizo el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (Cordicom).
Por eso, la próxima semana solicitarán a la Fiscalía que requiera a ese organismo la resolución para determinar si se hizo o no uso doloso del texto adulterado. García aseguró que tiene ese documento con el texto arreglado.
De inmediato, Cordicom respondió negando las acusaciones. Esa dependencia dijo que jamás ha aplicado el artículo 103, ni la disposición transitoria sexta de la Ley de Comunicación para imponer sanciones a las radios.
“Nuestra institución no emite sanciones a los medios de comunicación, como maliciosamente se pretende hacer creer a la ciudadanía. Las sanciones son una atribución de la Superintendencia de la Información y Comunicación”, dijo.
El ente dijo que las acusaciones deberán ser probadas e instó a la Fiscalía a efectuar todas las acciones para que se conozca la verdad. MCV
