A propósito de la decisión del regulador del mercado de forzar el uso y aceptación del dinero electrónico, es oportuno analizar el origen de las diferencias de opinión en torno al tema. Son diferencias extremas, y hay quienes dentro del Gobierno han sostenido, sin éxito, que el carácter voluntario de la regulación que rige no da pie a una resolución que obligue a los bancos a transar con este particular formato de dinero.

La teoría económica nos enseña que las funciones de la moneda incluyen, aparte de constituir medio de pago para las transacciones y la extinción de obligaciones, fuente de riqueza y valor, por lo tanto instrumento de ahorro. Para que una moneda del signo o especie que fuere sea aceptada requiere de la voluntad de quien la entrega y de quien la recibe. El euro, por ejemplo, tiene todos los atributos de una moneda, pero en nuestro medio no es de uso y costumbre para las transacciones.

Tampoco lo es el dinero electrónico. Puede calificar como instrumento de transacción pero a nadie, persona o institución, se le puede obligar a que acepte un registro contable en un aparato telefónico como una especie (¿incorpórea?) que refleje el mismo valor de un billete o una moneda.

El quid del asunto radica, entonces, en la aceptación voluntaria. ¿Y cuáles son entonces los actuales limitantes en torno a esa aceptación? Ciertamente la primera es la familiaridad. Los ecuatorianos no somos el pueblo más adepto a la tecnología, y nuestra tecnología no es tampoco la más confiable (por segura) o estable. Las plataformas telefónicas son deficientes en capacidad, y están sujetas al “jaqueo”, que se ha convertido en el delito más conspicuo de la época.

Cuando los ecuatorianos escogimos el régimen de dolarización lo hicimos luego de haber experimentado el cataclismo del colapso de la moneda. El Banco Central cesó de ser un banco de emisión, y los ecuatorianos hemos vivido mejor por esa decisión.

Pretender entonces revertir esa condición es inaceptable, más aún en las circunstancias de la crisis que se vive, y en razón de las preferencias, contrarias a la dolarización, de los voceros y autoridades.

Da entonces la impresión de que se pretende embutir una solución manifiestamente equivocada que, por no ser aceptada, está condenada a quedar en el limbo.