Opositores venezolanos bloquearon ayer calles en distintas ciudades del país para promover lo que llaman su ofensiva final contra el presidente Nicolás Maduro: un plebiscito que realizarán el domingo contra la Asamblea Constituyente convocada por el mandatario.

Con cuerdas, vehículos y barricadas de árboles y basura, grupos de opositores participan en el “gran trancazo” de diez horas, para aumentar la presión contra el Gobierno e impulsar la consulta.

“Este pueblo está decidido a continuar la lucha por la libertad. El domingo será el acto de desobediencia civil más importante de la historia de Venezuela”, declaró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora, en un bloqueo en el este de Caracas.

Al margen del poder electoral, la oposición realizará un plebiscito simbólico confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente convocada por Maduro, según denuncia para perpetuarse en el poder.

Animados con la excarcelación el sábado de su líder Leopoldo López, ahora bajo arresto domiciliario luego de tres años y cinco meses preso, los opositores dicen que seguirán en la calle contra la Constituyente, por la liberación plena de 431 “presos políticos” que dicen hay en Venezuela y por la salida de Maduro.

Pero el Gobierno afirma que nada ni nadie detendrá la Constituyente, cuyos 545 asambleístas serán elegidos el 30 de julio. En todos los estados del país, miles de oficialistas, vestidos de rojo, participaron ayer en mitines de campaña.

En una de las concentraciones, la esposa de Maduro, Cilia Flores, candidata a asambleísta al igual que el hijo del presidente, criticó a “los locos” que “se empeñan en cerrar las calles y hablan de democracia”.

La fiscal general, Luisa Ortega, la figura más fuerte del chavismo que rechaza la Constituyente, asegura que esa iniciativa destruirá el legado de Chávez y violenta la democracia porque no se preguntó en referendo a los venezolanos si querían cambiar su Carta Magna.

A más tardar hoy, el Tribunal Supremo de Justicia (TJS) -acusado de seguir órdenes del Gobierno- decidirá si enjuicia a Ortega, bajo cargos de “mentir” en señalamientos contra los magistrados.

La Fiscalía imputó por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad del Parlamento, luego de que partidarios del Gobierno hirieran a siete diputados opositores en la sede del Legislativo, informó ayer el Ministerio Público.

Asimismo citó en calidad de imputado a Manuel Sosa, quien es presidente de una empresa de suministros, por “irregularidades en contrataciones” con la empresa Petropiar, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En tanto, la Cancillería inforó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le expresó ayer a su colega de Venezuela, Nicolás Maduro, su “admiración” por gobernar el país suramericano con “coraje” para mantener “la estabilidad y la paz”.