El juicio político a Carlos Ochoa, previsto para mañana, con apoyo de asambleístas de PAIS, suma como indicio de la valoración a la gestión del todavía superintendente de Comunicación.

Dias contados en la Supercom

La receta para cambiar la Ley de Comunicación se va cocinando poco a poco con algunos ingredientes mínimos, consensuados en la práctica, por las diferentes iniciativas presentadas.

La receta para cambiar la Ley de Comunicación se va cocinando poco a poco con algunos ingredientes mínimos, consensuados en la práctica, por las diferentes iniciativas presentadas. Todos los bloques de oposición en la Asamblea tienen su propuesta, los medios perfilan la suya y el Gobierno ha tendido la mano a un diálogo “profundo”, según el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, para generar un texto normativo, de aceptación generalizada, que garantice la protección a los periodistas y restaure la libertad de expresión en Ecuador.

Reformar, más que derogar, es la palabra repetida entre los proponentes. Pero las reformas planteadas también incluyen sacrificios y todos apuntan hacia la Superintendencia de Comunicación.

Los partidos de oposición proponen eliminar al azote de los medios de comunicación y estos exigen la desaparición de las sanciones que aplicaba el organismo. Desde que se cambió el Gobierno, en mayo de 2017, han sido calificados en la Asamblea Nacional, tres de los cuatro proyectos recibidos. Uno es de CREO, sustentado por Lourdes Cuesta que se analiza hoy en la Comisión de Derechos Colectivos; otro de Alianza PAIS, para fomentar la equidad de género, y otro del Partido Social Cristiano. Este bloque presentará mañana una nueva iniciativa para reformar la ley, derogando la anterior y proponiendo un marco de protección. Sin la Supercom. La Izquierda Democrática también presentó el suyo en los últimos días.

La incógnita está en el Gobierno. El proyecto en ciernes se nutrirá de las conversaciones que está manteniendo el Ejecutivo con las partes interesadas y, según recordó Michelena, respetará los estándares internacionales sobre periodismo y comunicación, de acuerdo con la línea del presidente, Lenín Moreno.

Esos estándares prohíben que un Gobierno defina por ley el Código Deontológico que debe aplicarse a los medios y prohíbe las sanciones. Por eso, apunta el jurista Enrique Herrería, se sobreentiende que también el proyecto del oficialismo suprimirá la Superintendencia de Comunicación.

El juicio político a Carlos Ochoa, previsto para mañana, con apoyo de asambleístas de PAIS, suma como indicio de la valoración a la gestión del todavía superintendente de Comunicación. Para César Ricaurte, director de Fundamedios, el Gobierno enviaría un “señal clave” si decide no remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una terna para ese puesto.

Ricaurte encabeza desde la organización que dirige la difusión de la propuesta que defiende el gremio de comunicadores, haciendo especial énfasis en la protección a los periodistas, en el ámbito laboral y como medida contra los ataques personales.

Gobierno

Tras asumir como secretario de Comunicación, Andrés Michelena abrió la puerta al diálogo para coordinar las reformas a la Ley de Comunicación.

Oposición

En 2017, pasaron el primer filtro en la Asamblea tres propuestas (PAIS, PSC y CREO) de reforma o derogación. Todos los bloques preparan su proyecto.

Medios

Fundamedios encabeza la propuesta del colectivo de comunicadores. Creen que el Gobierno enviaría una señal si nombra o no terna para superintendente.

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