La situación de la seguridad social en el Ecuador es cada vez más precaria y parece no tener solución, al menos a mediano plazo. La falta de recursos ha sido una constante en un sistema que amenaza con colapsar por el descuido de administraciones enfocadas en sacar réditos políticos a costa de miles de afiliados, cuyo acceso a las medicinas ha sido limitado desde hace años.

La Asamblea ha reconocido que el tema fue relegado. La agenda legislativa, reactiva ante los escándalos, no ha dado respuestas a un segmento de la población en crisis.

Sin embargo, la emergencia por la que atraviesan los enfermos terminales continúa. Mientras tanto, el país mira con impotencia cómo se dilapidan los recursos en casos de corrupción o en subvencionar a miles de candidaturas que no tenían ni la más mínima posibilidad de ganar las elecciones.

El Gobierno tiene un compromiso con la clase trabajadora, que paga sus prestaciones para tener una vida digna. El primer paso es acabar con la incertidumbre, transparentando las cifras del Seguro. El segundo, comprometer al régimen al pago de una deuda que hasta el momento bordea los 3.500 millones de dólares.