Deuda, inversion y derroche

La economía, a pequeña o gran escala, la vivimos todos. La persona que trabaja debe cuidar sus ingresos para subsistir con su familia, la economía doméstica permite entender lo que se puede o no hacer con el dinero. Endeudarse o invertir no es malo, podría generar riqueza y bienestar futuro; el límite para utilizar una u otra opción es prevenir que no provoque posteriormente falta de recursos y afecte nuestra supervivencia.

Esa previsión se vuelve imperativa cuando se administran dineros públicos. Un mal o negligente manejo de ingresos fiscales perjudica a toda la sociedad, provoca escasez de dinero, de bienes, de trabajo; en definitiva malestar social y a eso no tiene derecho ningún gobernante, cualquiera sea el pretexto o idea que esgrima. Es indispensable ser austeros en el uso de recursos públicos, “hay que arroparse hasta donde alcance la sábana”.

El actual Gobierno nacional al ser criticado por su exagerado endeudamiento arguye que son inversiones convenientes. No se discute que construir hidroeléctricas, presas hídricas y mejorar vías de comunicación beneficia a la población, pero esas obras, que las pagará el país, han sido hechas con endeudamiento externo e interno a elevados intereses. Surge el interrogante: ¿por qué no se ahorró parte de lo recibido por los extraordinarios precios del petróleo, si además la recaudación tributaria se triplicó durante la última década?

Dentro de la lógica de este comentario no es explicable que una persona endeude a su familia para darle casa, carro y muebles nuevos, mejorar su confort, si al no prever cómo pagar la deuda con ingresos corrientes la conduce a la ruina. Nada justifica fijar como límite de deuda pública el 40 % del PIB, que representa el ingreso de todos los ecuatorianos. Ese porcentaje debe estar en relación al Presupuesto del Estado, del cual saldrán los recursos para amortizar capital e intereses adeudados. Lo censurable es derrochar dinero público en obras con sobreprecios o inútiles, viajes innecesarios dentro o fuera del país, recepciones injustificadas; eso equivale a un indecente aprovechamiento del cargo.

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