Deuda al IESS: Super de Bancos lava sus manos
¿Cuánto se debe? Eran 2.527 millones en septiembre de 2016. Desde entonces, la deuda del Estado crece a diario con cada atención médica.
Sí, es verdad que la deuda del Estado a la Seguridad Social (2.500 millones de dólares) se esfumó de los balances del IESS. Es verdad que ninguna autoridad de control hizo nada para evitarlo. También es verdad que a nadie se le ocurrió sancionar al director del Instituto, Richard Espinosa, bajo cuyo mandato se produjo esa alteración de las cuentas. Pero la culpa, según el superintendente de Bancos, Christian Cruz, no es suya. Ayer, el funcionario compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que lo somete a juicio político por esa presunta omisión, y pateó la pelotita al más cómodo de los terrenos: el del excontralor Carlos Pólit. Él fue quien debía auditar y no lo hizo; quien debía controlar y no lo hizo; quien debía determinar sanciones y no lo hizo.
Dos horas demoró la argumentación jurídica de descargo del superintendente de Bancos. Durante todo ese tiempo, a Pólit ni lo mencionó. No hizo falta. Fue el legislador oficialista Daniel Mendoza quien, al término de la exposición del funcionario, llegó a esa conclusión evidente: “Me ha quedado claro que mucho de lo que hoy está sucediendo con el IESS -dijo- se habría podido evitar si hubiéramos tenido un contralor que controle”.
El superintendente, que también es titular de la Función de Transparencia y Control Social, también desmintió haber sido él quien declaró reservados los estudios actuariales del IESS: fue su predecesor quien lo hizo; él solo actualizó esa reserva.
Cruz llegó con una voluminosa documentación resumida en Power Point, un paquete de carpetas que repartió entre los miembros de la Comisión y la palabra “mentira” a flor de labios. “Vamos a la segunda mentira”, “Vamos a la tercera”, “A la cuarta”... La presidenta María José Carrión lo interrumpió para pedirle que evitara las expresiones insultantes. “Si sigue así le voy a dar el mismo trato”, se quejó Raúl Tello, que es el proponente del juicio.
El enfrentamiento entre Tello y Cruz fue el protagonista de la sesión. El funcionario y el asambleísta cruzaron acusaciones e indirectas. “Lo que les duele -dijo el superintendente- es que el fondo de cesantía del magisterio ahora pertenece a los maestros”. ¿A cuántos de ellos?, se preguntó el legislador. “De los 79 mil maestros que participan de esos fondos, solo 471 votaron en la elección de sus directivos: apenas dos en Guayas; cero en Azuay; 89 en Pichincha...”.
Y contraatacó: “Si usted recibió los balances de la Seguridad Social debió conocer que esa cuentita de 2.500 millones se la dejó en cero. ¿Qué hizo al respecto?”. Pregunta retórica porque ya el superintendente había argumentado que a él nada le correspondía hacer; que la responsabilidad recaía exclusivamente sobre la Contraloría.
En el aire quedó flotando una acusación que el superintendente no pudo sino confirmar. Tello reveló que Cruz había otorgado un cargo de liquidadora a una socia suya en una empresa particular. Claro conflicto de intereses que el aludido atenuó diciendo que la empresa llevaba tres años sin facturar.
En los próximos días la Comisión analizará las pruebas de descargo presentadas por el superintendente y elaborará un informe.