Abrió el testamento y el Gobierno de Lenín Moreno se encontró con la temida herencia de deuda -de la que tanto alertaban economistas y oposición- que a 31 de mayo suma casi 42.000 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas publicó, con más de una semana de retraso, el informe de deuda pública del país, transparentando un monto que dista mucho de los 27.871 millones de dólares que oficialmente legó el Ejecutivo de Rafael Correa.

Entre deuda externa e interna, el monto supera los 41.893 millones de dólares. Eso la eleva a un 42 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando el límite constitucional del 40 %. Pero no son solo las formalidades ante el mandato de la Carta Magna lo que genera inquietud, sino también la sospecha de la oposición política y de los expertos económicos de que la cifra podría ser aún mayor.

Asambleístas de diferente color coinciden en pintar un escenario donde los pendientes, incluyendo todos los rubros, se acercan más bien a los $ 60.000 millones. Y piden al presidente Moreno y a la Comisión de Régimen Económico que concreten las condiciones de cada tramo, los plazos y su naturaleza.

No se conforman con la actualización del informe de Finanzas y pedirán que se resuelvan las dudas a punta de comparecencia a fin de presionar de cara a la proforma presupuestaria que se presentará este mes. En eso se alinean los jefes de bloque de oposición. Roberto Gómez (CREO), Henry Cucalón (PSC), Guillermo Celi (SUMA), Wilma Andrade (ID) pedirán al frente económico que dé justa cuenta del panorama que se viene para el país.

“El Gobierno, por seriedad y credibilidad, está en la obligación de sincerar las cuentas para saber la magnitud de la crisis y poder adoptar las medidas para la reactivación”, dijo Cucalón. Lo mismo sostiene Celi: “Lo urgente es conocer el costo de esa deuda, los plazos, los porcentajes. Si el presidente no da a conocer la situación del país, le puede explotar en las manos una responsabilidad del Gobierno anterior”.

Es determinante saber al detalle qué se entiende por deuda, de cara a la proforma presupuestaria. El cálculo varía según quien anote los números. El Ejecutivo anterior decidió tomar en cuenta solo la consolidada que dejaba fuera la mayoría de la deuda interna y los préstamos con instituciones públicas como el Banco Central de Ecuador o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El Gobierno actual, de acuerdo con el último informe, revisado por EXPRESO, añade al listado los $ 6.683 millones en bonos emitidos de enero a mayo, incorporando la deuda externa consolidada y la deuda interna que se publica en otro informe del mismo ministerio.

Para José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), pese a la actualización de cifras, aún hay muchas otras opacas. No se sabe, indica, cuánto se debe a proveedores, empresas petroleras y por preventas de crudo. Tampoco se incluye el valor que determinó la Contraloría General del Estado -2.878 millones de dólares- como deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El ministro de Economía, Carlos de la Torre, advirtió que ese rubro aún debe examinarse para ser incluido en el boletín de deuda.

Y al final, todo ello debería quedar claramente plasmado para poder determinar el presupuesto que necesitará el presidente Moreno para estrenar estrategia política.

El asambleísta socialcristiano Henry Kronfle, exlíder de los empresarios, anima al mandatario a hacer un informe de situación para después poder definir las medidas de ajuste, de desarrollo y de inversión. Su propuesta ya está en manos del presidente de la comisión legislativa económica, Pábel Muñoz.

“Esto obliga al nuevo Gobierno a actuar de manera responsable. Es su obligación disminuir el nivel de endeudamiento sin afectar a los ecuatorianos”, apostó el representante de CREO. Falta camino para enmendar el agujero, pero Héctor Yépez, de la misma bancada, reconoce el primer paso de haber transparentado las cifras, frente a lo que hacía el exministro Patricio Rivera. “Me parece impensable que el Gobierno anterior haya entregado al país sin transparentar las cifras”, aún se indigna la izquierdista Andrade.