Los hallazgos de Lenín Moreno en las cuentas nacionales despertaron a las entidades de control. La Contraloría General, por ejemplo, firmó -el lunes- un pedido de auditoría especial a las deudas que el Estado contrató desde 2012 al 24 de mayo de este año. Es decir, hasta el último día de gestión de Rafael Correa.

Según el documento oficial de la Contraloría, el examen se realizará en 180 días laborales y analizará la “legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa”. Las instituciones auditadas serán el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y “demás entidades relacionadas con la contratación y uso” de fondos obtenidos por endeudamiento.

Como muestra de transparencia, explica el artículo 4 de la disposición de auditoría, se conformará una veeduría técnica y ciudadana. Los integrantes de ese equipo serán presentados en los próximos días. Por ahora, el contralor Pablo Celi está invitando a siete personalidades “de reconocido prestigio nacional” para que integren el grupo de veedores. No hay detalles de los nombres.

Ellos no serán los únicos que acompañen al equipo de la Contraloría. De ser el caso, detalla la orden de la investigación, la entidad podrá contratar personal especializado en exámenes de deuda pública.

El documento no especifica, sin embargo, por qué se toma como periodo de estudio a la deuda de 2012 si el gobierno del expresidente Rafael Correa inició en enero de 2007. La razón, de acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es que la entidad puede determinar responsabilidades siete años después del acto investigado. Para ese lapso se deben contabilizar los 180 laborales del examen especial y los 180 días laborales adicionales para la defensa de los involucrados. Es decir, un año y cinco meses adicionales al periodo de investigación.

¿Qué monto entrará en estudio? La cantidad exacta es un misterio que se develó, en parte, el viernes. Ese día, el presidente Moreno habló de cerca de 58.000 millones de dólares en cuentas por pagar. La cifra incluye la deuda del Gobierno central, empresas públicas, gobiernos seccionales y facturas entre entidades estatales.

No se tomó en cuenta, sin embargo, algunas preventas de derivados de petróleo y otros pasivos.

La investigación es algo que incomoda a las autoridades de la administración anterior. Según el expresidente Correa, el procedimiento que la Contraloría seguirá de oficio es ilegal porque la deuda pública está auditada hasta 2015. Para él, que se investiguen las cuentas de su gestión es “regresar al país del pasado”.

Esto porque, dijo el exmandatario, la entidad no inició de oficio su investigación. Según explicó, en su cuenta de Twitter, hay una intervención entre las funciones del Estado.

El monto no es ilegal

El Código de Finanzas Públicas, en su artículo 124, establece que el monto total de la deuda pública no podrá superar el 40 % del PIB. Según las cifras de Moreno, ese techo ya se superó.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aclaró que el monto que se toma en cuenta, sin embargo, excluye varios compromisos y está en el 27,7 %. Esto por una reforma que hizo Rafael Correa, en octubre de 2016.