Despertar de la pesadilla Trump
El pueblo estadounidense tiene tres formas de escapar del mal trago de la presidencia de Donald Trump. Que lo haga y cuándo, es una cuestión irreductiblemente política, no una que dependa de posibilidades legales. En primer lugar está el método nixoniano, donde el presidente, desgastado por la lucha, asustado y deseoso de evitar el proceso legal en su contra que empieza a organizarse, renuncia al cargo. Pero ¿elegiría Trump esa salida? Yo lo dudo. En segundo lugar está el art. 4 de la 25.ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1967, que detalla un mecanismo para que el vicepresidente y el gabinete puedan actuar en reemplazo de un presidente muerto o impedido de gobernar por motivos de salud. Trump podrá ser inestable y falto de aptitud para gobernar, pero ¿lo es más ahora que cuando el pueblo estadounidense lo eligió? Probablemente, no. Por último, queda el recurso al juicio político, de lo que se habla cada vez más abiertamente en Washington. El juicio político, establecido en el art. 2 de la Constitución, es un procedimiento para la destitución de un presidente, vicepresidente u otros altos funcionarios del Ejecutivo (también jueces) sospechados de “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.
Es un proceso complejo que se desarrolla en dos etapas: primero, la Cámara de Representantes debe decidir por mayoría simple que las acusaciones son suficientemente serias para llevarlas a juicio; luego, el Senado realiza un juicio pormenorizado, en el que se necesita una mayoría de dos tercios para declarar culpable al funcionario y activar su destitución inmediata. Haría falta que al menos 19 senadores republicanos se unieran a los demócratas para condenar a Trump. Por el momento, hay como mucho cinco dispuestos a hacerlo. Además, los jefes del Partido Demócrata son reacios a ver al ultraconservador vicepresidente Mike Pence asumir el puesto que quedaría vacante tras la caída de Trump. ¿Y si se quedara en el cargo no solo por el resto del mandato de Trump, sino también por dos períodos de cuatro años propios? Son temores razonables. Pero en las democracias posmodernas el único jefe es la opinión pública y esta funciona según una lógica propia. ¿Cuánto tiempo más tolerará el pueblo estadounidense las dosis casi diarias de nuevas pruebas de conflictos de intereses? ¿Y los vínculos financieros con Rusia de Trump y sus colaboradores? Y para terminar, está la grosera obstrucción de la justicia que supone el despido del director del FBI, James Comey, cuyo mayor delito parece haber sido el negarse a excluir a Trump de su investigación de la interferencia ilegal del Kremlin en la campaña electoral de 2016. ¿Qué conclusión sacarán los votantes de las revelaciones incriminatorias que sin duda saldrán a la luz, ahora que el predecesor de Comey, Robert Mueller, fue designado fiscal especial para investigar los lazos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump? El malestar de la opinión pública es cada vez más evidente. Para Trump, el peligro real será cuando las multitudes que fascinó y capturó durante la campaña comiencen a darle la espalda. Estas (como bien demostraron sagaces observadores políticos, de Platón a Tocqueville), se tornan más difíciles de eludir cuanto más se las entronizó.
El peor de los casos nunca es inevitable. Tal vez la masa de la oleada populista se convierta otra vez en el gran pueblo estadounidense, un pueblo de ciudadanos. Cuando eso suceda, Trump será historia.
