Desde la visión del anterior jefe de Estado, los casos de corrupción que él reconoce se dieron durante su gobierno, fueron los propios de cualquier administración que se estime. Así de cínico es su razonamiento. Si hubiese habido un cierto sentido ético en su ejercicio gubernamental, un solo caso hubiese bastado para conmoverlo. Sin embargo, conforme pasan los días y sin la protección cómplice de una buena parte de las autoridades de control, se puede observar lo realmente ocurrido: la magnitud de la corrupción desborda todo cálculo.

El Ecuador fue gobernado durante la década infame por una dictadura cleptocrática a la que la subida de los precios del crudo estimuló en sus afanes de enriquecimiento rápido y en su voluntad de permanecer en el poder, de modo que con gran diligencia se decidió constituir una estructura propia de la mafia, donde para garantizar plena impunidad se intervino en el nombramiento y designación de un gran porcentaje de las autoridades de control, contando previamente con la complicidad de la mayoría de quienes conformaron la Asamblea Legislativa.

Por ello, el anterior contralor es ahora un prófugo de la justicia y pesan sobre él múltiples acusaciones de haber solicitado y recibido sobornos para hacer y deshacer culpabilidades en los informes de Contraloría, actividad en la que por supuesto debió contar con funcionarios que se prestaron a elaborarlos, cumpliendo los mandatos recibidos, y que no se conoce si han sido sancionados o permanecen en sus lugares de trabajo.

Por el estilo, la obsecuente función Legislativa no llevó adelante los enjuiciamientos políticos planteados por una débil oposición y mantuvo con ese comportamiento la certeza de gozar de impunidad, de los delincuentes de cuello blanco.

Ahora, cuando comienza a destaparse la olla podrida, el Ecuador está obligado a exigir sanciones impidiendo que lo actuado obedezca solo a pugnas internas del partido que gobierna. Debe sustentarse esa lucha como el indeclinable empeño de reconstruirle a la República la dignidad de un cargo que perdió la majestad que le es propia al ejercicio de la presidencia de la República.

Tiene el presidente Moreno la obligación de evidenciar cuán honesta y firme es su lucha contra la corrupción, actuando en consecuencia. La nación sabrá reconocerlo o demandar.