Un año después de su investidura como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se enfrenta a los mismos retos a los que ya se medía el 29 de octubre de 2016: el desafío del independentismo catalán y la minoría parlamentaria de su Ejecutivo. Tras disfrutar de una abrumadora mayoría absoluta en su primer mandato, el líder del PP ha tenido que buscar acuerdos concretos con el PSOE, con Ciudadanos o con el PNV para sacar adelante asuntos de la máxima importancia, como los Presupuestos o la respuesta al reto de la Generalitat.

Los 12 meses transcurridos han sido de escasa producción legislativa, han dejado la foto de su paso por la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel y han dado testimonio de la transformación de su relación con Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE ha pasado de abandonar su escaño para no participar de la abstención socialista en la investidura a apoyar a Rajoy en la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El desafío de la Generalitat ha ocupado la agenda y las preocupaciones del presidente desde hace meses. El referéndum ilegal del 1 de octubre supuso un punto de inflexión en el pulso institucional que han mantenido el Gobierno y el ‘Govern’. La confusa intervención de Carles Puigdemont en la sesión del Parlament del 10 de octubre, declarando la independencia para suspenderla inmediatamente, supuso que el conflicto alcanzara el punto de no retorno. Ahora, la activación del artículo 155 de la Constitución, y la consecuente intervención de la Generalitat, colocan a Rajoy ante el momento que decidirá cuál es su legado y su lugar en la historia.

Una vez destituidos el ‘president’ y todos sus consejeros, el Gobierno afronta la tarea de gestionar Cataluña hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Las consecuencias de la respuesta de los independentistas y de la intervención son impredecibles. El resultado de los comicios puede suponer un simple punto y seguido en el conflicto institucional y la tensión territorial que marcan la agenda política del país desde hace meses.

Solo dentro de un año, cuando se cumpla el segundo aniversario de su presidencia, se podrá calibrar si Rajoy ha sido capaz de afrontar la mayor crisis que ha vivido España en sus 40 años de democracia.

En el plano legislativo tampoco ha sido sencillo. En 2015, último año de la legislatura en la que Rajoy disfrutó de mayoría absoluta, el Gobierno aprobó 16 leyes orgánicas, 48 leyes, 12 decretos y 8 decretos legislativos, según los datos oficiales del Congreso de los diputados. Entre 2016 y lo que va de 2017, el Ejecutivo ha logrado aprobar en la Cámara 2 leyes orgánicas, más de 20 decretos y 1 decreto legislativo. Nada refleja mejor las dificultades que está teniendo Rajoy para sacar adelante su programa electoral. La suma de sus 137 diputados y de los 32 de Rivera, con el que firmó un acuerdo de investidura, no alcanza los 176 votos que marcan la mayoría absoluta. En consecuencia, el Gobierno ha tenido que buscar apoyos puntuales de otras formaciones para los grandes asuntos.

Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias aportaron los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2017, y con ellos se negocia los de 2018. El PSOE permitió la investidura de Rajoy con su abstención y fue clave para elevar el salario mínimo interprofesional. Y los independentistas del PDeCAT inclinaron la balanza para lograr la aprobación del decreto de la estiba, único punto de encuentro entre el PP y los nacionalistas catalanes en toda la legislatura.

“Vivimos tiempos difíciles, pero no creo que le falte dinamismo a este Parlamento”, aseguró Rajoy durante una sesión de control de mediados de octubre. “No vetamos las cosas porque sí”, argumentó el presidente al referirse a las 70 iniciativas legislativas de la oposición que ha bloqueado su Gobierno. “En el supuesto de que se hubieran aprobado las iniciativas de la oposición, hubiéramos incrementado el déficit en tres puntos. Eso son 30.000 millones de euros” ($ 35.000 millones).

Apoyo de la UE; asilo a Puigdemont

Un miembro del Gobierno belga lanzó un guiño al independentismo catalán en medio del unánime rechazo europeo e internacional a la declaración unilateral del Gobierno catalán. El ministro de Inmigración, Theo Francken, dijo ayer que su país podría conceder asilo político al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así lo solicitase. El presidente belga, Charles Michel, desautorizó esa oferta y dijo que no entra en sus planes.