Sin derecho al despilfarro

Más de 80.000 candidatos y ciudades donde los aspirantes a dignidad se acercaban a la veintena. El respaldo ciudadano no se repartió igual que los fondos de promoción y hubo quienes no pasaron del 1 % de votos. Pero los fondos ya no vuelven. Al menos, no de momento. Habrá que ver si la calentura del análisis poselectoral que está sustentando el debate sobre las reformas al Código de la Democracia, termina por materializarse en medidas de control y de devolución cuando la candidatura no alcance un mínimo de apoyo electoral.

Tome la forma que tome, se antoja imprescindible un mecanismo de control. Este país no tiene derecho a derrochar dinero público. La complicada situación económica está sirviendo de paraguas para justificar recortes en el empleo y sacrificar beneficios a los sectores productivos y a las familias. Todos, con voluntad de arrimar el hombro y sin ella, terminarán pagando los excesos de la última década y las consecuencias de la crisis de precios petrolera. En ese contexto de estrechez, no es admisible que ser candidato a una dignidad local o provincial se convierta en un negocio más que en una vocación de servicio público y de proyecto político para el desarrollo.

No solo por lo indignante de la incoherencia de metas del aspirante que busca un rédito económico personal, sino por el despilfarro de dinero público en un fin banal. Estas elecciones seccionales se fueron más de 36 millones de dólares en promoción electoral, mientras el IESS busca recursos para los tratamientos de enfermedades catastróficas. Esto no es demagogia. Es que se debe priorizar el gasto en función de las necesidades y de la disponibilidad y los comicios seccionales de 2019 han resultado en una ostentación de aspirantes, por el número de ellos, que no es sostenible para un país con 13 millones de electores.

La evaluación postelectoral que se realiza al interno y hacia afuera también, con la implicación de entes internacionales como la OEA, debe, por una vez, dejar una lección de aplicación práctica. Que los informes no se queden en una mera declaración de intenciones o de correcciones proclamadas que solo calman conciencias. La entrega de fondos de promoción necesita un límite para evitar que la democracia se vea pervertida por intereses distintos al bien común.