Las denuncias sobre abuso sexual en contra de menores de edad en instituciones educativas van en aumento. Las autoridades buscan dar soluciones a este problemática, pero se encuentran con ‘cuellos de botella’ que les impide avanzar.

Uno de ellos, y tal vez el más grave, según el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública es el tema administrativo.

Según las autoridades de los tres organismos, hay “trabas” en el ámbito administrativo que dejan sin poder investigar a quienes fueron denunciados y de ser el caso sancionarlos.

El ministro de Educación, Fander Falconí, puso dos ejemplos que ‘espeluznan’ de cómo se trataron estos temas. El uno en el colegio Réplica Aguirre Abad, en Guayaquil; y lo ocurrido en la institución Intercultural Mushuk Pacari (ver más en la página 12).

Precisó que en esta institución el proceso administrativo empezó el 26 de abril, cuando el Departamento de Consejería Estudiantil informó sobre la situación de ocho estudiantes, aspecto que en el ámbito administrativo pasó seis meses, luego de lo cual la Junta Distrital archivó el caso por falta de pruebas. Sin embargo, por denuncias públicas, ahora el profesor está detenido.

El director del Consejo de la Judicatura, Francisco Bonilla, fue más severo en sus comentarios. A sus ojos, el silencio administrativo y el “espíritu de cuerpo” al interior de las instituciones educativas es claro, toda vez que muchas de las denuncias que se presentan al interior de las escuelas y colegios se buscan tapar, por el buen nombre de la institución. Recordó que, de octubre de 2015 a junio del 2016, hubo 52 sentencias, y de las cuales 32 fueron condenatorias.

Aspectos que fueron ratificados por el defensor público, Ernesto Pazmiño. Él aseguró a los medios de comunicación que en lo administrativo se quedan muchas de las denuncias. Precisó que en los últimos 15 años, solo un 5 % de denuncias ha sido tramitado.

Por estas razones, ahora desde el Ministerio de Educación se ha presentado en la Asamblea un proyecto de ley para que las acciones administrativas no prescriban.

Fander Falconí recordó que actualmente un proceso administrativo dura 90 días, tras lo cual las causas se cierran. Dijo que esto va a cambiar con la propuesta, ya que se podrá investigar todas las denuncias que se hayan presentado.

Pazmiño confía en que esto ocurra. A su criterio, los 90 días son muy poco, y se hacen “artificios” por parte de los acusados para dilatar el trámite, como no asistir con un abogado. Él plantea como alternativa un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y esta dependencia, en donde las instituciones educativas notifiquen a la Defensoría Pública sobre las audiencias que se vayan a realizar y este organismo proporcionar el abogado, para que las diligencias no fracasen.

Aampetra sigue indagando

El pleno de la Comisión Ocasional Aampetra terminó con las comparecencias de las autoridades judiciales y de Educación que concurrieron para hablar del problema de abusos de menores en las instituciones educativas.

La presidenta del organismo legislativo, Silvia Salgado, dijo que esto no queda ahí. Afirmó que seguirán investigando las denuncias que llegan a la mesa. Aseguró que todos los insumos recibidos servirán para elaborar una propuesta para erradicar estas acciones.