Demanda masiva al fraude de paqueteria

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Demanda masiva al fraude de paqueteria

Cientos de ecuatorianos residentes en España y afectados por el cierre repentino de la empresa de paquetería OGC presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, indicó ayer a la AFP la embajada ecuatoriana en Ma

En la aduana. Paquetes con mercancía que la OGC transportó en contenedores hasta Guayaquil.

Cientos de ecuatorianos residentes en España y afectados por el cierre repentino de la empresa de paquetería OGC presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, indicó ayer a la AFP la embajada ecuatoriana en Madrid.

“Ya está lista toda la querella” por esta “presunta estafa masiva” que dejó a miles de ecuatorianos sin los enseres, muebles y documentación contenidos en los paquetes y cajas gestionados por la empresa, creada en España en 2014, indicó una fuente de la embajada.

La fiscalía de Ecuador estima que hasta 5.000 personas se vieron perjudicadas por el cierre repentino en marzo de dicha empresa con oficinas en varias ciudades españolas.

A los clientes “mostraban ofertas económicas inigualables para la mudanza de enseres, muebles y propiedades desde Europa hacia Ecuador, pero estos nunca llegaban al destino final”, según explicó en julio el Ministerio de Interior ecuatoriano.

El caso ha supuesto la apertura de dos investigaciones judiciales, una en Ecuador y otra en España, y dos sospechosos de origen ecuatoriano fueron detenidos y puestos en prisión preventiva por presuntos delitos de defraudación aduanera y estafa.

El cabecilla “se habría dedicado a una vida de lujos y a estafar a costa de la necesidad de sus clientes”, explicó en su momento el Ministerio de Interior ecuatoriano.

La querella fue presentada recientemente por Abogados sin Fronteras, en nombre de 612 ecuatorianos afectados, por unos “presuntos delitos de estafa y apropiación indebida”, señaló la embajada en Madrid.

El perjuicio es de “algo más de un millón de euros”, puntualizó.

A partir de ahora, la Audiencia Nacional dispone de un período de entre uno y tres meses para decidir si es competente para dirimir el caso, puntualizó la delegación diplomática.

Los afectados no se encuentran solo en España, sino también en otros países donde operaba la empresa, como Bélgica, Francia y Reino Unido.