La Defensoria Publica detecta sentencias desproporcionadas
Un año por lavado de activos en el caso FIFA, ocho meses en venta de pases en la Policía, tres meses por delitos de peculado.
La Defensoría Pública ha detectado sentencias que considera desproporcionadas en robo de celulares o sustracción de productos. Los procesados han recibido penas de hasta nueve años. También ha visto condenas de ocho meses en casos de perjuicios millonarios.
¿Hay una aplicación diferente de penas dependiendo de los acusados?
Es evidente que, en estos casos, la justicia no acoge el estándar constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley. Para delitos graves, en los que los procesados son personas con poder, se da todas las garantías del debido proceso y se aplica penas más benignas.
¿Por ejemplo?
Un año por lavado de activos en el caso FIFA, ocho meses en venta de pases en la Policía, tres meses por delitos de peculado. En todos estos casos se habla de millones de dólares de perjuicio. Sin embargo, en pequeños delitos contra la propiedad en los que los procesados son hombres y mujeres humildes, se impone penas más graves.
¿Qué han encontrado?
Constatamos que por el robo de un celular la pena constante es de nueve años, cuatro meses. No abogo por la impunidad en la persecución del delito, exijo que con la misma vara se mida a todos.
¿Por qué pasa esto?
Un problema central ha sido que en el ámbito penal, donde el Estado y la sociedad debieran tener más cuidado, ha dirigido su actuación hacia los más pobres. Por esta razón, las estadísticas oficiales están llenas de delitos contra la propiedad y las cárceles están llenas de pobres. No hay cárcel que esté llena de ricos y poderosos. La política penal resulta ser un mecanismo efectivo para mantenerlos a raya y, fuertemente, diferenciados al margen del desarrollo y del acceso a las riquezas.
¿El peso del Estado y la justicia cae sobre los pobres?
Lo más grave es que procesalmente, esto funciona como una ágil máquina para sancionar a los pobres, se aseguran sentencias estandarizadas, basadas en una baja carga probatoria y el enorme peso de varias instituciones del Estado para demostrar su culpabilidad.
¿Y esto qué produce?
En definitiva, la criminalización de la pobreza genera sentencias desproporcionadas, ambiguas y sin garantías del debido proceso, que ofrecen un castigo innecesario a los más débiles, mientras que el sistema penal es más blando con los delincuentes de cuello blanco.
