Es difícilmente creíble que en el supuesto tráfico ilícito de armas para el grupo de alias Guacho se encuentren involucrados solo miembros de tropa del Ejército.

Al menos ese es el criterio de los abogados que defienden a los uniformados detenidos en octubre junto con seis civiles. Por eso los defensores han solicitado que los jefes de los depósitos de armas den sus versiones.

Cuando fueron detenidos los siete militares y un servidor del Ministerio de Defensa, el ministro Oswaldo Jarrín aseguró que no había ningún oficial de las FF. AA. involucrado. Ofreció que, en caso de existir, lo informaría a su debido tiempo.

Pero Edwin Romero, quien defiende a Martín Arroyo, apresado en el fuerte militar Huancavilca de Guayaquil, opina diferente. Las divergencias se presentan en momentos en que se avecinan cambios en los mandos de las Fuerzas Armadas.

“Las personas que se encontraban al mando, a cargo de los rastrillos no se encuentran procesadas, ellos son los responsables absolutos por cuanto realizan las actas de entrega recepción tanto del material como la munición”, señaló.

Ayer fueron citados a la Fiscalía cinco oficiales. Romero y otros abogados acudieron a formular preguntas. Hasta el mediodía solo un oficial asistió. Él habría mencionado que durante las inspecciones a las bodegas se hallaron fusiles con numeración adulterada y habría indicado la cantidad de munición faltante.

La semana pasada el ministro Jarrín descartó que los sospechosos hayan traficado armas o explosivos. Dijo que se ha realizado una minuciosa inspección para constatar que los inventarios se encuentren sin novedad. Reconoció que lo que pudo haber existido era “robo y tráfico de municiones a través de la frontera norte”.

El general Wagner Bravo consideró que hay que hacer una diferenciación en este caso: la investigación penal, de la administrativa. El oficial recordó que, en el caso penal las investigaciones iniciaron hace más de un año y aparentemente, con la detención de los siete militares y los seis civiles, la red estaría completa.

Pero eso, señala Bravo, no obsta a que no se realice la investigación administrativa en Fuerzas Armadas para determinar si alguien no cumplió con alguna directiva de control de rastrillos y de armamento. “Hay una responsabilidad administrativa pero eso no quiere decir que el oficial o el comandante hayan estado involucrados en la venta y robo de la munición”, precisó.

El penalista Javier Mejía cree que todo lo que pase o deje de pasar en una unidad militar es responsabilidad del comandante. Pero considera que eso abre el espectro a la apertura de procesos para determinar si hubo acciones u omisiones contempladas en el reglamento de disciplina militar.

Recuerda que el rastrillero o bodeguero (un voluntario, sargento o cabo) es el responsable, el que cuenta, entrega fusiles, tiene las llaves de la bodega, pero sobre él hay un oficial que debió haber supervisado y controlado, añadió.

Hoy desde las 09:00 se espera la versión de otros cinco militares, entre oficiales y voluntarios, encargados de las áreas de Transportes, Servicios, Logística, Planificación de Inventarios, entre otros. Álvaro Gaybor, el fiscal del caso, también solicitó por segunda ocasión y bajo prevenciones de ley el historial laboral de los 13 procesados.

Prisión preventiva

Audiencia de apelación

La Corte de Justicia de Esmeraldas convocó para el martes 11 de diciembre, a las 08:30, a la audiencia de apelación de la prisión dictada en contra de los 13 sospechosos de integrar una red de tráfico de municiones para el frente narcoterrorista Óliver Sinisterra. La apelación fue solicitada por la defensa de los militares Luis Bautista, Wálter Angulo, Jikcson Arroyo, Martín Arroyo, José Plaza y Oswaldo Bedón.