En defensa de instituciones guayaquilenas

No todos los trabajos tienen el mismo peso de satisfacción y valoración. A mis 72 años he trabajado en casi todos los sectores de la economía, en diferentes cargos jerárquicos. Ninguno se compara con los 37 que fui voluntario en varias instituciones, habiendo pasado más tiempo en Solca (1974-1994) y en la Junta de Beneficencia (1999-2011). Ingresé con apenas 27 años, no podía rechazar la invitación de tres fundadores de Solca. Los decenios que pasé en el voluntariado fueron los más productivos de mi carrera profesional y no necesité recibir dinero alguno para sentirme realizado. En esos largos años conocí a los oncólogos fundadores de Solca, eran médicos que se especializaron en Francia: Instituto Gustave Roussy, donde el Dr. Juan Tanca Marengo logró conseguir becas. Guayaquil ya tiene tres generaciones de oncólogos; son ellos los que con mucha capacidad y vocación han curado a miles de personas que tuvieron cáncer. El sector público no lo hubiera logrado.

El voluntariado guayaquileño es único en Ecuador, está en los genes. Sin esta honorable profesión jamás se hubieran fundado centenares de organizaciones de ayuda, ni estarían funcionando, ya que sin los dirigentes ni las señoras que ayudan a los enfermos, no podrían subsistir. Ellos lo hacen por amor a sus semejantes.

Todo guayaquileño debe defender a instituciones como Solca y la Junta de Beneficencia. Frecuentemente son atacadas, hoy viven momentos muy duros. En lo que se refiere a Solca, se pretende crear un supraorganismo para dirigir la política de cáncer, que se llenará de burócratas, obteniendo ingentes sueldos sin ninguna experiencia en la materia.

Quienes dirigen Solca son profesionales con no menos de 30 años de experiencia, en sus actividades privadas muchos han dirigido empresas.

Asombra y afecta que un Legislativo se preste a discutir un proyecto tan lesivo para aquellos que adolecen o están amenazados por el despreciable mal; se debió archivar y desechar apenas recibido.

Recomiendo leer el debate en el Legislativo de 1972, cuando Solca buscaba una renta para sobrevivir. La mayoría de los legisladores la defendieron.