Parece que la guerra sin tregua en Alianza PAIS, entre morenistas y correístas, todavía nos depara un cúmulo de sorpresas en relación a los medios e instrumentos empleados, y a usarse, por los contendores en este enfrentamiento fratricida. Pero parecería que este conflicto político, por su crudeza e intensidad, presentará nuevos capítulos como resultado de la correlación de fuerzas e iniciativas de los actores políticos implicados en las diferentes instancias del Estado en pugna.

En esta situación, uno de los componentes estatales más vulnerable y casi siempre afectado es el de la institucionalidad, entendida “como un atributo básico de la vida republicana y democrática, es el imperio del Estado de derecho. El Estado, en ejercicio de su plena soberanía, configura su distribución político-administrativa a la luz de la división de poderes, que luego hará de todos los organismos que dirijan ese imperio y su ejecución al servicio de las personas y en pos del bien común. Debe entenderse que un Estado democrático tienen su institucionalidad más avanzada y fuerte cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se aplican, y cuanto menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones”.

En esta línea, defendemos y estamos por la preservación de la institucionalidad estatal, coincidimos plenamente con la decisión del presidente Moreno de convocar directamente a la Consulta Popular, frente a la postura taimada y parcializada asumida por la Corte Constitucional -CC, de incumplir impúdicamente el plazo para dictaminar la constitucionalidad de las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Además, solicitamos a quien corresponda, se sancione severamente al presidente de la CC y a las dos juezas ponentes por violar la Constitución y la ley y por burlarse de la ciudadanía. Y asimismo, exhortamos a la Asamblea Nacional para evitar que el Consejo Nacional de Participación Social provoque interferencias en la consulta, entre otras obstrucciones.

Por la defensa de la institucionalidad estatal y democrática, a cerrarle el paso al caudillo y sus esbirros, contumaces violadores de su Constitución del 2008.