La defensa de la infanta pide la nulidad del juicio

En una situación sin precedentes para la Corona, la hermana del rey de España, Cristina de Borbón, se sentó por primera vez en el banquillo, aunque con la esperanza de estar en él poco tiempo, imputada de fraude fiscal en un juicio por corrupción protagonizado por su marido. En la primera sesión de un macrojuicio que debe durar hasta junio, tanto su defensa como la fiscalía desplegaron ayer un arsenal de argumentos ante tres juezas de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, para intentar que la infanta no sea procesada. Pero a la espera que el tribunal decida, Cristina, de 50 años, tuvo que sentarse junto a los otros 17 acusados en una sala presidida por el retrato de su hermano, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014. “¡Los Borbones, a los tiburones!”, “¡España, mañana, será republicana!”, gritaban manifestantes fuera del tribunal. Cristina había llegado junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, exmedallista olímpico de balonmano de 47 años. La pareja vive desde 2013 en un exilio dorado en Ginebra. Ella enfrenta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros ($ 6,5 millones) por Urdangarin y un exsocio de este, Diego Torres. Los dos hombres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente. La infanta siempre ha asegurado desconocer esos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de la Casa Real. Urdangarin y Torres son sospechosos de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia. Después, esos beneficios fueron supuestamente desviados a empresas pantallas encabezadas por Aizoon, de Cristina y su esposo. La hermana del rey enfrenta una petición de pena de 8 años pero únicamente por parte de una acusación popular: la asociación ultraderechista Manos Limpias. Ahí radica su esperanza de escapar al juicio: su defensa argumentó ayer que no puede ser juzgada si solo la acusa una acción popular, que se violan sus “derechos fundamentales”. “Lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional”, afirmó uno de sus abogados. Lo respaldó la abogada de la Hacienda Pública y el fiscal. Este último dijo incluso disponer de un nuevo informe según el cual la infanta no cometió delito fiscal. Durante la instrucción, Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta, a su padre y a la Casa Real de todos sus negocios. Pero el abogado de su socio volvió a pedir ayer que Juan Carlos y Felipe VI comparezcan como testigos, lo que la justicia ya había denegado. Manos limpias La parte acusadora replica La acusación popular es un derecho recogido por la Constitución, defendió ayer la representante de Manos Limpias en el caso Nóos. “Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto no pueden ser de aplicación doctrinas anacrónicas” que equivaldrían a “un privilegio”, dijo ante el tribunal. “No habrá ningún juez valiente en este país que vaya a enviar a la cárcel a la infanta Cristina”, se lamentaba Francisco Solana, desempleado de 45 años y uno de los manifestantes fuera del tribunal.