El decreto 16 muto, pero siguen los conflictos
No pasó ni una semana. Pese a la preocupación que mostró el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación en el país, el Gobierno empezó el trámite para deshacer la Unión Nacional de Educador
No pasó ni una semana. Pese a la preocupación que mostró el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación en el país, el Gobierno empezó el trámite para deshacer la Unión Nacional de Educadores (UNE).
La notificación, firmada por la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, llegó el jueves. Apenas seis días después de que el Comité considerara que las disposiciones ecuatorianas que permiten disolver organizaciones sociales podían resultar “muy amplias o ambiguas”.
Ayer la presidenta de la UNE, Rosanna Palacios, dijo que es una retaliación política porque su gremio estuvo en Ginebra, denunciando, justamente, la aplicación del decreto 16 que “restringe la libertad de asociación en el país”.
También cree que son los efectos de apoyar el juicio político contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa, y reclamar por los fondos de reserva del magisterio.
“Para enfrentar este ataque político tenemos una respuesta política. El 5 de agosto, en la convención del Colectivo Nacional de Dirección, resolveremos defendernos de los abusos en las calles”, dijo.
Lo que hasta ayer no podían resolver es cómo será la defensa en el plano jurídico. El abogado Ciro Guzmán dijo a EXPRESO que la UNE está en la indefensión porque en el documento en el que se notifica el inicio del proceso no se explica exactamente la norma que, supuestamente, violentó.
“Hay errores de fondo y de forma. El documento no tiene número de proceso, no va dirigido al representante legal. Esto debería ser causal de nulidad de lo actuado y de sanción al funcionario público que elaboró este escrito”, señaló.
Más claro está lo que harán ante instancias internacionales. La tarde del jueves, luego de conocer el inicio de la disolución, la UNE envió un informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Piden una intervención directa de este organismo, esto quiere decir el envío de delegados que constaten la situación de las organizaciones que se consideran perseguidas por el Gobierno.
La activista Karla Kalapaqui también estuvo en Ginebra y asegura que el acoso comenzó en la sede de la ONU, donde los denunciantes ecuatorianos fueron fotografiados y grabados por la delegación oficial ecuatoriana.
“Se advirtió a los miembros del Comité que podría haber represalias cuando lleguemos al Ecuador. Ellos nos dijeron que si algo así pasa debemos denunciarlo. Con varias plataformas de derechos humanos ya estudiamos el contenido del documento que enviaremos”, comentó a este Diario.
El 15 de julio el Comité de los Derechos Humanos recomendó al Ecuador que adopte las medidas para garantizar el derecho a la libertad de asociación y que revise su legislación para asegurar que esta sea compatible con los tratados internacionales.
El decreto 16, que en agosto de 2015 fue codificado en el decreto 739, también está demandado ante la Corte Constitucional. Carlos Pérez Guartambel, presidente de Ecuarunari, recordó que su organización junto a Fundamedios, Pachakutik y los Comerciantes Minoristas impulsaron el reclamo. “Unieron las causas, la admitieron, pero hace casi tres años está inmóvil. No nos llaman a audiencia”, señaló.
No pasó ni una semana. Pese a la preocupación que mostró el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación en el país, el Gobierno empezó el trámite para deshacer la Unión Nacional de Educadores (UNE).
La notificación, firmada por la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, llegó el jueves. Apenas seis días después de que el Comité considerara que las disposiciones ecuatorianas que permiten disolver organizaciones sociales podían resultar “muy amplias o ambiguas”.
Ayer la presidenta de la UNE, Rosanna Palacios, dijo que es una retaliación política porque su gremio estuvo en Ginebra, denunciando, justamente, la aplicación del decreto 16 que “restringe la libertad de asociación en el país”.
También cree que son los efectos de apoyar el juicio político contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa, y reclamar por los fondos de reserva del magisterio.
“Para enfrentar este ataque político tenemos una respuesta política. El 5 de agosto, en la convención del Colectivo Nacional de Dirección, resolveremos defendernos de los abusos en las calles”, dijo.
Lo que hasta ayer no podían resolver es cómo será la defensa en el plano jurídico. El abogado Ciro Guzmán dijo a EXPRESO que la UNE está en la indefensión porque en el documento en el que se notifica el inicio del proceso no se explica exactamente la norma que, supuestamente, violentó.
“Hay errores de fondo y de forma. El documento no tiene número de proceso, no va dirigido al representante legal. Esto debería ser causal de nulidad de lo actuado y de sanción al funcionario público que elaboró este escrito”, señaló.
Más claro está lo que harán ante instancias internacionales. La tarde del jueves, luego de conocer el inicio de la disolución, la UNE envió un informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Piden una intervención directa de este organismo, esto quiere decir el envío de delegados que constaten la situación de las organizaciones que se consideran perseguidas por el Gobierno.
La activista Karla Kalapaqui también estuvo en Ginebra y asegura que el acoso comenzó en la sede de la ONU, donde los denunciantes ecuatorianos fueron fotografiados y grabados por la delegación oficial ecuatoriana.
“Se advirtió a los miembros del Comité que podría haber represalias cuando lleguemos al Ecuador. Ellos nos dijeron que si algo así pasa debemos denunciarlo. Con varias plataformas de derechos humanos ya estudiamos el contenido del documento que enviaremos”, comentó a este Diario.
El 15 de julio el Comité de los Derechos Humanos recomendó al Ecuador que adopte las medidas para garantizar el derecho a la libertad de asociación y que revise su legislación para asegurar que esta sea compatible con los tratados internacionales.
El decreto 16, que en agosto de 2015 fue codificado en el decreto 739, también está demandado ante la Corte Constitucional. Carlos Pérez Guartambel, presidente de Ecuarunari, recordó que su organización junto a Fundamedios, Pachakutik y los Comerciantes Minoristas impulsaron el reclamo. “Unieron las causas, la admitieron, pero hace casi tres años está inmóvil. No nos llaman a audiencia”, señaló.
