Hay argumentos contrapuestos en la profesión económica entre quienes promueven como medida fiscal la subida del IVA en tres puntos, tal como se lo viene rumorando, y quienes consideramos que las opciones impositivas están no tan solo agotadas, sino que contribuyen a sostener la presente circunstancia económica del país, con un Estado que es el vector de la descomposición por la que atravesamos.

Más allá de los argumentos técnicos que se esgrimen, y en los cuales la posición de bajar, y no subir, el IVA es más rigurosa y convincente, hay temas de fondo que considerar y que hacen relación a la clase de sociedad en la que queremos vivir. Soy un convencido de que el equilibrio fiscal es un bien público, lo he expresado en otro momento, pero me apresuro a expresar que dicho equilibrio debe darse dentro de un Estado cuyo rol está claramente delimitado en cuanto a sus responsabilidades y alcance. Ignorar este principio nos ha llevado a pretender hoy equilibrar un fisco cuyo gasto creció en un múltiplo de siete mientras la economía lo hizo en dos y media veces. Se pretende por lo tanto equilibrar un gasto público que copa el 40 % de la economía, lo que es muy diferente a equilibrar un gasto público que solo demanda el 25 % de los recursos de la sociedad.

El gasto público de los dos gobiernos socialistas no solamente es oneroso e insostenible. Sus distingos son la corrupción (que a todas vistas se la quiere dejar impune, como lo está hasta hoy), las inversiones inservibles y con sobreprecio (generación eléctrica, refinerías, poliductos), la deuda al chulco (usada para gasto corriente y no de inversión en violación a la ley), los diezmos, y las regulaciones y normas INEN que son armas de chantaje, entre otras barbaridades.

Hay que recordar que, en este tiempo, los contribuyentes hemos pagado en exceso $200.000 millones en 65 impuestos (muchos de ellos aberrantes, perversos, regresivos y contraproducentes) y que cada dólar que sale de nuestros bolsillos para sostener el gasto público es un dólar menos para consumir, invertir o ahorrar. Que en costo social también se incurre cuando se pierde un empleo productivo, lo que contradice el argumento de que solo la pérdida de empleos burocráticos conlleva costo social. Que el gasto público es geográficamente, y odiosamente, discriminatorio, como lo demuestran las estadísticas de costos de la educación, de la salud, de lo invertido en carreteras y en proyectos fatuos. Que las EP son un lastre, nidos de patronazgo político, y que de empresas poco o nada tienen. Que los impuestos alimentan el centralismo que conspira contra la unidad nacional. Que todo esto obra contra el progreso material, social y en equidad de la población y nos hace permanecer en el subdesarrollo. Que finalmente, en el mejor de los casos, podemos aspirar a que el ingreso por habitante permanezca estancado o decline en la próxima década.

Antes de pensar en admitir ningún alza impositiva, se debe priorizar lo que no se ha hecho en diecinueve meses de morenato, esto es, hallar el equilibrio “hacia abajo”. Al paso que va, la herencia de este gobierno será mayor desbarajuste. Tracemos la línea roja y exclamemos: ¡no más impuestos!