“¡Apelo a la presidencia!”, gritó el socialcristiano César Rohón llevándose a la boca las manos en forma de bocina. Una exhalación recorrió el salón plenario, donde nadie parecía guardar su puesto. Rieron los correístas a mandíbula batiente; se movieron en urgentes conciliábulos los de CREO; sacudió los brazos, iracundo, Henry Kronfle; gritó su indignación Luis Pachala con toda la fuerza de sus pulmones; congelado quedó por tres eternos segundos César Litardo... Era el tercer intento, que no el último, por echar abajo el debate sobre la Ley de Crecimiento Económico que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de proyecto urgente. Correístas y socialcristianos (juntos otra vez) apelaron a todos los recursos que el procedimiento legislativo permite (y alguno que no) en la sesión probablemente más accidentada del actual periodo. Y fracasaron. El debate, que promete será largo, se instaló y quedó bien encaminado.

En el centro de la polémica, un informe de la Comisión de Régimen Económico, presidida por el oficialista Daniel Mendoza, con el que se remite al Pleno el texto intocado del Ejecutivo, acompañado de una “matriz de observaciones” y una serie de adjuntos. Y, por supuesto, el texto del proyecto en sí, 404 artículos que reforman 22 leyes y abordan temas tributarios, fiscales y de arquitectura del sistema financiero y monetario: el salvavidas con el cual el Gobierno aspira a recaudar 700 millones de dólares anuales para cubrir en parte los 1.400 que perdió con la derogación del decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina.

Los correístas (Esteban Melo habló a nombre del bloque) aseguran que el proyecto de ley es inconstitucional, porque toca varias materias y la Constitución prescribe que debe referirse a una sola. Los socialcristianos, en cambio, sostienen que el informe no es tal cosa: apenas un acta de sesiones de la Comisión. Y que los anexos no fueron sometidos a votación y, por tanto, no pueden ser conocidos por el Pleno. Henry Kronfle defendió esta tesis y propuso mandar el informe, acta o lo que fuese, de vuelta a la Comisión de la que salió, y debatir el informe de minoría, es decir, el suyo, en el que se propone archivar el proyecto del Ejecutivo.

Debate contra viento y marea

Primero, Kronfle intentó colar su propuesta como moción previa, antes incluso de que comenzara el debate. Patricio Donoso (CREO), a cargo de la Presidencia, le recordó que, por tratarse de un primer debate, no existía moción principal: mal haría, entonces, en calificar una moción previa. Habló inmediatamente Esteban Melo. Recordó, para variar, la crisis del 99, y teorizó: “Si se reduce el gasto, cae la riqueza”. Mocionó, finalmente, el archivo de la ley. Nuevamente, Donoso puso la casa en orden: “En derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente permitido, y en ningún lugar de la ley consta la posibilidad de archivar un proyecto de ley en el primer debate”.

Para cuando César Rohón mocionó, otra vez, que se tratara el informe de minoría en lugar del otro, “viciado de ilegalidad” (“o cumplimos con el procedimiento o esta Asamblea se va al carajo”, fue su feliz frase), César Litardo se había reintegrado ya a la Presidencia. No dio paso a la moción por no haber sido presentada por escrito. Ahí fue cuando Rohón apeló a la presidencia. Bajó Litardo a defenderse: “Los problemas del país -dijo- deben resolverse hoy, no pensando en cálculos electorales para el 2021”. Aplausos. Votación: 42 correístas y socialcristianos no bastaron para dejarlo fuera. Lo salvaron no los asambleístas de su propio bloque, con quienes no puede contar el Gobierno para nada, pues nunca están (más de la mitad faltaron a esta sesión clave), sino las abstenciones de CREO.

Nuevamente intentaría el correísta Esteban Melo, contra toda lógica del procedimiento legislativo, archivar la ley en el primer debate. En esta ocasión Litardo dio paso a la votación, pero la correlación de fuerzas ya estaba definida. El debate de la Ley de Crecimiento Económico sobrevivió a quienes intentaron abortarlo. Y empezó. Es su primer triunfo.

Ley urgente

El tamaño sí importa

Por tratarse de un proyecto urgente, es decir, uno que obligatoriamente tiene que aprobarse o no en 30 días, la extensión de este que debate la Asamblea es un problema. Gabriela Larreátegui, de SUMA, propuso conciliar con el Gobierno una salida: sacar las reformas concernientes a la arquitectura financiera, para tratarlas en enero, y debatir las partes fiscal y tributaria, que son las estrictamente urgentes.