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Daniel Salcedo deberá encarar un tercer juicio por presunto peculado 

Juez acoge gran parte del dictamen fiscal que acusó a exfuncionarios del hospital Los Ceibos del IESS por compra de fundas para cadáveres

AUDIENCIA TERCER JUICIO SALCEDO
Previo a la reinstalación de la audiencia, agentes de la Unidad Antiexplosivos del GIR revisaron las instalaciones del auditorio de la Corte del Guayas.cortesía

En menos de un año, Daniel Salcedo Bonilla, investigado dentro de una trama de corrupción en hospitales públicos, deberá encarar un tercer juicio.

Este martes 9 de febrero de 2021, el juez Reinaldo Cevallos Cercado, de la Unidad  Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, llamó a juicio a Salcedo igual que a otras 7 personas investigadas por la irregular adquisición de fundas para cadáveres, que hizo un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), durante la emergencia sanitaria decretada en 2020.

​Además de Salcedo, sus compañeros de celda quienes también figuraban en el video que se viralizó en redes sociales, fueron trasladados de igual manera.

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El juez acogió gran parte del dictamen que emitió la fiscal Claudia Romero, quien acusó a un total de 9 personas, por el delito de peculado. Como autores directos señaló a Susana Mera, exgerente general del Hospital del Norte de Guayaquil Los Ceibos; Cristina Goya, responsable de Compras Públicas de esa casa de salud; y, Johana Vinueza, exsubdirectora administrativa financiera.  Habrían aprobado la adquisición de insumos médicos en el contexto de la emergencia sanitaria, pese a que los recursos adquiridos constaban en el portal de Compras Públicas a un precio menor en cotizaciones solicitadas a otros proveedores. De esta forma, las funcionarias habrían inobservado las normas establecidas e invitaron a la empresa Silverti S. A. a participar de dicho proceso, informó la Fiscalía. La empresa oferente no habría adjuntado documentación de respaldo sobre el trámite o las gestiones realizadas, que tiene por objetivo evidenciar la obtención de certificados estipulados en la normativa de compras públicas. Sandra Ortega, representante de la empresa Silverti; Lenin Romo, Alejandro Barahona y Daniel Salcedo (que tendría nexos entre las empresas Silverti, Bioim y Ecap Mediq) fueron llamados como coautores del delito. Jorge San Lucas como cómplice.

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“Hasta aquí está demostrado actos de corrupción. No puede ser posible que en un mismo hospital del país se compre una funda a 11,39 centavos y aquí en Guayaquil el hospital de Los Ceibos se quiera comprar esa misma funda a 148,50 (...)”, manifestó el juez, quien ratificó la prohibición de transferencia de dominio de bienes y bloqueo de cuentas de los procesados. También se ofició a la Policía Nacional para la inmediata localización y captura de tres acusados. 

daniel salcedo
Salcedo permanece actualmente en la cárcel de Latacunga, donde fue trasladado por un vídeo que se publicó en redes sociales tras la muerte de Efraín Ruales.cortesía

Aunque la Fiscalía acusó a Fabian Benavides Montenegro como coautor, el juez dictó sobreseimiento y ordenó su libertad, al no encontrar suficientes elementos en su contra. Además, dispuso al director de la cárcel de Latacunga un informe, por los supuestos malos tratos que habría recibido Salcedo en ese centro carcelario, adonde fue traslado tras un video que grabó, en la cárcel 4 de Quito, y que se hizo viral luego del asesinato del presentador Efraín Ruales.

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Vamos a ejercer todas las acciones que prevé la ley, interposición de recursos de apelación y ampliación (...)”, dijo Kléber Ziguencia, abogado de uno de los procesados.

La fiscal Romero desveló que en las investigaciones de detectó como modalidad que los procesos contractuales, aparentemente ingresaban los productos a bodega," pero al mismo tiempo se realiza una devolución de los productos, pero esa devolución no consta en ninguna parte del contrato. Se comercializa presuntamente en otras casas de salud y el pago se hace por la totalidad como que siempre estuvo la totalidad de los insumos dentro del hospital y fueron utilizados". Según indicó, las máximas autoridades del hospital conocían del hecho, porque el bodeguero se sustentó en la devolución que dispuso la jefa de compras públicas, de las fundas de cadáveres y otros insumos como mascarillas y guantes.