Los cuestionamientos que rondan al fiscal

Surgen las inquietudes. La aparición del nombre del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, en la investigación periodística denominada ‘Panama Papers’ ha llamado la atención y provocado interrogantes como: ¿es lícito o no que haya registrado una empresa en Panamá, en 1999, para comprar su actual vivienda en una zona residencial de Cumbayá a un valor menor a los $ 2.800 al cambio de aquel año?

EXPRESO trasladó esta y otras inquietudes a cuatro reconocidos juristas del país. Jorge Zavala Egas es un catedrático y abogado guayaquileño. Explica que el sistema societario ‘offshore’ (es decir, fuera del país) es universal y no es ilícito. La clave está en saber justificar la adquisición de aquellos bienes o capitales registrados en empresas fuera del país. “Todos los abogados del mundo conocemos el sistema ‘offshore’. No es nada nuevo. Para qué se lo utiliza, es un tema de cada abogado y cada cliente”.

Si es un sistema reconocido y utilizado mundialmente, ¿cuál es el inconveniente en el caso específico del fiscal? El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Mauro Terán, observa uno: que Chiriboga tenga que recurrir a una empresa para “ocultar” su nombre como dueño de su actual domicilio. “Es un doble sentido de una falta de honestidad o probidad”, comenta.

El abogado penalista y exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Zambrano Pasquel, coincide con Zavala en que la creación de compañías ‘offshore’ no constituye un delito cuando no son utilizadas para actividades ilícitas como la evasión de impuestos o blanqueo de dinero. “Si no se mal utiliza una empresa, mal se podría hablar presuntamente de la comisión de un delito”.

En el caso que involucra al fiscal Chiriboga, el también catedrático universitario guayaquileño recuerda que la justicia local falló a favor de Chiriboga en una demanda sobre la venta del inmueble. Los antiguos propietarios de la casa acusaron al ahora fiscal de fraude porque, a su criterio, costaba cerca de un millón de dólares y no menos de $ 2.800.

No obstante, el expresidente de la antigua Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, considera que existen motivos suficientes para iniciar una investigación del caso. Pero, ¿quién en la Fiscalía debería investigar? ¿El propio fiscal general? Solórzano responde: “Eso es lo malo, ¿quién investiga al fiscal?... El segundo en la Fiscalía no va a investigar a su jefe”.

No es optimista. Solórzano cree que seguirán saliendo nombres de más empresas y ecuatorianos involucrados en la mayor filtración de documentos y quedarán impresos en el papel porque, asegura, “la Función Judicial no ha respondido a las necesidades del país”.

La Presidencia prometió investigar. Lo mismo hizo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que esperar los resultados.