La recolección de firmas, rumbo a tener un segundo tiempo. Entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) hubo ayer un cruce de declaraciones y advertencias a propósito de la verificación de las firmas con las que se busca impulsar una reforma parcial a la Constitución que elimine al primer organismo.

El pleno del CNE se reunió la tarde de ayer para conocer y resolver sobre el informe técnico de las direcciones encargadas del proceso de convalidación de los formularios con los apoyos ciudadanos. En los pasillos del ente electoral los comentarios eran que el Comité por la Institucionalización Democrática, que empuja la eliminación del Cpccs, no alcanzó el mínimo de firmas requeridas para continuar con el trámite de la reforma parcial.

Pero, quien ya lo daba como un hecho era el presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, que convocó en la mañana a una rueda de prensa para “celebrar” la nueva victoria por la supervivencia de este organismo que suma cuestionamientos desde su creación, en 2009.

Y, pese a que todavía no había cifras oficiales aprobadas, el funcionario soltó algunas: de las 226.000 firmas que presentó el Comité se han rechazado 119.000, es decir, más del 53 %, aseguró. Según el Código de la Democracia, es necesario el 1 % de respaldos con relación al último Registro Electoral; esto es algo más de 132.600 firmas de apoyo.

Con este panorama, el único camino que le quedaba al CNE, según el consejero de Participación, David Rosero, era archivar toda la iniciativa, más cuando la verificación de las firmas se hizo con el mismo sistema informático que fue cuestionado por la Contraloría General del Estado, dijo. Es decir, en el CPCCS celebraban la aparente victoria, aunque reconocían que se la consiguió con una plataforma que registra fallas.

En la otra orilla, el consejero electoral, José Cabrera, explicaba que la posibilidad de archivar la iniciativa, como sugería Rosero, por falta de firmas no es una atribución del CNE. 

“Únicamente lo que debemos hacer es informar a la Asamblea Nacional (donde se tramita la reforma parcial) si se cumple o no con el número de firmas. El Legislativo tiene 90 días para hacer el debate y luego va a la Corte Constitucional. Si ahí se aprueba se convocaría a un referendo. Parece que están mal informados los consejeros de Participación”, manifestó.

Pero además existía otra posibilidad que se seguía debatiendo hasta el cierre de esta edición en el organismo electoral. El Comité tenía 180 días para presentar las firmas de apoyo de los cuales ocupó la mitad. Es decir, le quedarían todavía 90 días para completar los respaldos que les faltan. Todo apuntaba a que esa iba a ser otra de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.

Diario EXPRESO intentó comunicarse ayer con los dos voceros principales de la iniciativa para eliminar el CPCCS, Pablo Dávila y Darwin Seraquive, pero una persona cercana a los dos actores dijo que no emitirán ningún comentario hasta conocer con exactitud los términos en los que se iba a pronunciar el CNE.

“Vemos que en el Consejo de Participación se han adelantado a los hechos, nosotros tenemos hasta marzo para entregar un segundo grupo de firmas. Los voceros harán un pronunciamiento público una vez que exista un documento oficial del CNE”, se comunicó a este Diario.

En el Consejo de Participación no están dispuestos a quedarse únicamente con el supuesto “fracaso” de la recolección de firmas. Este martes 10 de diciembre, Cruz y Rosero anunciaron que se inició una investigación interna de algunas denuncias ciudadanas que les habrían llegado en las que se asegura que hubo irregularidades en la recolección de firmas que emprendió el Comité.