El presidente Lenín Moreno, en días anteriores realizó un llamado a los representantes de la prensa privada para que sean los primeros en denunciar la corrupción en el país. Tal pedido responde a un anhelo general, y a la necesidad del Gobierno de recuperar la confianza ciudadana.

La lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado, fiscalizada por el legislativo y vigilada por la sociedad.

Las Comisiones de la Verdad conformadas por destacados miembros de la sociedad civil y del periodismo, han sido perseguidas y reprimidas durante la última década, gracias al andamiaje hiperpresidencialista estructurado e integrado por miembros del correato, que utilizó el poder Judicial, la Constitución y la Ley de Comunicación, como herramientas de coacción de las libertades de expresión e información; a la Supercom como tribunal inquisidor, a la Corte Constitucional como custodio de mantener el hiperpresidencialismo controlador, generando en la práctica, “coincidentemente o no”, un blindaje a la impunidad.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, referente a la sanción impuesta a siete medios de comunicación manifestaba: “la Ley de Comunicación ecuatoriana, creada por el Gobierno ecuatoriano de Correa, para “protegerse”, es una legislación autoritaria que tiene muchas “sutilezas útiles” que legitiman la censura. Estamos ante un Gobierno que creó un arma de censura, la peor que se ha creado en la etapa democrática de América Latina, para violar en forma sistemática la libertad de prensa”.

Para que el pedido del presidente Moreno sea viable es inminente desmontar, esto es, remover a los incondicionales del correato que integran el llamado andamiaje represor; es indispensable reformar la Constitución, eliminar la Supercom y la Ley de Comunicación, caso contrario el pedido de denunciar la corrupción sería meramente declarativo, mediático. En la práctica, en lugar de una cruzada contra tal flagelo, estaríamos asistiendo a la inmolación de la prensa independiente y de la sociedad civil organizada contra la corrupción.