Más de quince periodistas que cubren la actividad parlamentaria para distintos medios han recibido partes policiales de la escolta legislativa en lo que va del actual período de sesiones. Una cifra que habla claramente de la fricción y los roces entre comunicadores y policías que ocurren a diario desde que las normas de convivencia en el edificio de 6 de Diciembre y Piedrahíta se acomodaron a “las recomendaciones de seguridad” para el presidente José Serrano. Ayer, periodistas, policías y administradores de la sede legislativa se reunieron para resolver la situación.

Hubo un rosario de reclamos. La administradora general de la Asamblea, Paulina Proaño; la jefa de la escolta legislativa, coronel de Policía Margarita Pereira; y cinco funcionarios que no se identificaron tomaron nota de cuanto se decía: la restricción de acceso a los pisos altos, donde los asambleístas tienen sus oficinas y las comisiones parlamentarias celebran reuniones públicas; la prohibición de paso por casi todas las entradas y todas las puertas interiores; la privación de plazas de estacionamiento; la reducción del espacio físico asignado a los medios en el salón del Pleno; la vigilancia continua a cargo de policías que cierran la circulación y preguntan a los periodistas a dónde van; la sospechosa presencia de personal de civil que fotografía y espía a los periodistas; la imposibilidad de usar los ascensores; la entrega de credenciales de segunda clase; la insuficiencia de la red wifi; la ocultación sistemática de documentos públicos, cuya consecución se ha convertido en un problema para los medios...

El problema de fondo: la distorsión del concepto de lo público aplicada a las políticas de seguridad en el edificio público por excelencia de la democracia ecuatoriana. Las políticas de seguridad impuestas en la legislatura de José Serrano propician la opacidad, favorecen el secretismo y otorgan a los funcionarios públicos la posibilidad de trabajar en la sombra. Ya ha ocurrido que ministros de Estado concurrieran a la Asamblea sin que la prensa tuviera la posibilidad de acercárseles. ¿Para qué fueron? ¿De qué hablaron? ¿Con quién? Es un secreto.

La falta de un criterio sobre lo público ha llevado a la guardia legislativa al extremo de cerrar el edificio (privatizarlo) cuando el bloque de PAIS celebra una reunión a puerta cerrada en alguna de sus oficinas. Los periodistas, entonces, son impedidos de ingresar hasta en la sala de prensa y deben permanecer en exteriores a la espera de la información, que casi nunca llega.

Sin una idea clara de estos conceptos, la administración de la Asamblea y la jefatura de la escolta legislativa reducen el problema de la relación entre periodistas y policías a un tema de educación y respeto. Se trata, en realidad, de falta de transparencia y democracia.

La administradora Paulina Proaño fue receptiva con los reclamos y se comprometió a ejecutar algunas reformas: reintegrar a su tamaño original el espacio asignado para la prensa en el Pleno, hoy reducido a la mitad; garantizar la movilidad de los periodistas en el interior del edificio; reintegrar las plazas de parqueo; establecer un protocolo claro. “Bajo mi responsabilidad -dijo- les voy a dar acceso a todo”. Sin embargo, advirtió que esto significará un mayor control por parte de la escolta. Se ignora si continuará la política de levantamiento de partes policiales a los periodistas, una tarea que se antoja más propia de un inspector de secundaria que de una guardia legislativa.