Crisis de diálisis en Ecuador: lo que enfrentan miles por deuda de $ 200 millones
Miles de personas que dependen de una máquina, viven con una angustia diaria: ¿habrá diálisis mañana?
En Ecuador, alrededor de 20.000 pacientes con insuficiencia renal requieren sesiones periódicas de diálisis para mantenerse con vida. Sin embargo, desde hace un año y medio, una sombra de incertidumbre los acompaña: el Gobierno mantiene millonarias deudas con las clínicas privadas que prestan este tratamiento vital.
Son centros que, en muchos casos, trabajan a cuatro turnos, desde las 05:00 hasta la 01:00 del día siguiente. Ahí, cada persona debe someterse a sesiones de cuatro horas al menos tres veces por semana, sin fallar.
La razón detrás de esta dependencia radica en una declaración hecha en 2008, cuando la insuficiencia renal fue reconocida como enfermedad catastrófica en Ecuador. Desde entonces, el Estado se comprometió a cubrir los tratamientos. Pero la capacidad pública solo alcanza al 12 % de los casos. El restante 88 %, que representa a unos 17.000 pacientes, es derivado a clínicas privadas.
$200 millones sin pagar y una atención que se debilita
Según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, la deuda estatal con estas instituciones llegó, hasta abril, a cerca de 200 millones de dólares. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asegura estar priorizando estos pagos: en 2024 desembolsó $113 millones y en lo que va de 2025, otros $65,5 millones. Sin embargo, aún no concluye las auditorías necesarias para saldar por completo lo adeudado.
El Ministerio de Salud Pública, por su parte, ha optado por pagar con bonos de deuda que las clínicas deben revender para obtener liquidez. Esto ha derivado en recortes críticos.
Gabriela y Roberto: vidas atrapadas en la espera
Gabriela Álvaro, quien inició diálisis a los 23 años y volvió a ellas tras el fracaso de un trasplante, denunció públicamente que algunas clínicas han reducido media hora de tratamiento, y en otros casos, incluso una sesión completa a la semana. Quien desee mantener su régimen de tres terapias semanales, debe costear los insumos por su cuenta. Gabriela interpuso una acción de protección contra el Gobierno y sus instituciones de salud.
La situación también ha golpeado a quienes surten los materiales a las clínicas. Roberto García vivió en carne propia la escasez: en tres ocasiones su centro le informó que no podrían realizarle la diálisis por falta de insumos. Junto a otros pacientes, terminó pagando más de 40 dólares por cada kit. Un conocido suyo, cuenta, falleció por no poder hacerlo.
“Nuestra vida depende de una máquina, y no puede ser que también dependa de que haya voluntad para pagar”, lamenta Roberto. “Tenemos ganas de vivir. Pero parece que a nadie le interesa”.
Entre bonos, recortes y riesgos
Desde la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE), su presidenta Ana Delgado sostiene que el sector ha resistido con profesionalismo y compromiso ético. “Nuestras instituciones han soportado la atención cuando el Estado no tenía la capacidad de hacerlo”, recalca.
Pero el problema no termina ahí. A la deuda se suma una nueva preocupación: el IESS propone reducir el valor mensual por paciente de $1.456 a $1.100, una tarifa fijada hace más de una década. Tanto clínicas como pacientes consideran que este monto no cubre los costos reales, que incluyen hasta 14 sesiones al mes, análisis, medicamentos y atención médica.
El IESS responde que se trata de “techos máximos de prestaciones” que pueden variar según el mercado. “Jamás tomaría una decisión en perjuicio de sus afiliados”, asegura la entidad.
Sin embargo, Delgado advierte que este recorte afectaría la atención integral y tendría un impacto directo en la salud de los pacientes. Hasta ahora, Ecuador ha mantenido una tasa hospitalaria del 33,1 %, frente al 67,5 % en Colombia y el 72,6 % en Brasil. Si la situación empeora, las hospitalizaciones —mucho más costosas— podrían dispararse.
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