Denuncias, paralizaciones y escasez de alimentos son los tres escenarios que ayer marcaron la jornada de los bolivianos, que desde el pasado 20 de octubre viven días de convulsión social debido a las fuertes manifestaciones que llevaron a Evo Morales a presentar su renuncia la semana pasada.

El expresidente denunció la “represión militar en su país” y la existencia de un “grupo criminal” que planeaba atentar contra la vida de la mandataria interina, Jeanine Áñez.

Desde México y a través de su cuenta en Twitter, Morales exigió al “gobierno de facto” de Áñez para que proceda a identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes registradas los últimos cinco días por la represión policial y militar.

Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los muertos —durante casi un mes de conflicto— ya suman 23 y los heridos superaran los 700.

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“Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad”, señaló Morales en su red social.

El gobierno boliviano, en tanto, denunció la existencia de un “grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta, por eso hoy hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal para celebrar actos cívicos” en la ciudad de Trinidad, capital de Pando, dijo el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

Según el funcionario, quien no ofreció más detalles de la denuncia, dijo que “hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metida en esto, está el narcotráfico por detrás”.

En tanto, en las calles de Bolivia las protestas no cesan y la escasez de alimentos y de combustibles empieza a sentirse en algunas ciudades del país, lo que obliga a los bolivianos a dormir en los exteriores de las gasolineras y de los centros de abastos.

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Las manifestaciones más violentas se han registrado en Cochabamba, donde el viernes los enfrentamientos entre los cocaleros y el ejército y la policía dejaron nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un intento por calmar los ánimos, la presidenta interina anunció el domingo la convocatoria “muy pronto” a nuevas elecciones “transparentes”.

En medio de ese escenario, la Iglesia Católica de Bolivia llamó ayer al gobierno interino y a todos los partidos políticos, así como a la sociedad civil, a un “diálogo” para poner fin a la crisis social que vive el país.