Tantos crímenes se han cometido en la humanidad que, al fin, estirando un poco el derecho, se estableció, tras la Segunda Guerra Mundial, el Estatuto del Tribunal de Núremberg, el 8 de agosto de 1945, en el mismo que por primera vez se define como crímenes contra la humanidad el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución con motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra. De esta forma se trataba de legalizar el Tribunal de Núremberg para sancionar las atrocidades que habían cometido las autoridades nazis en el sangriento conflicto que terminó con el triunfo de los “aliados”.

¿A quién se sanciona? El fundamento desarrollado por el tribunal fue que los crímenes contra el Derecho Internacional son realizados por hombres, no por entidades abstractas, por lo que solo castigándolos pueden ser aplicadas las violaciones al Derecho Internacional. Ellos no pueden ser excluidos por la teoría de actos de soberanía, ni por un principio de orden jerárquico para librarse de las sanciones.

Núremberg fue el modelo para crear al tribunal de Tokio y sancionar, asimismo, a los responsables de los crímenes cometidos por jerarcas japoneses en la Guerra del Pacífico. Años más tarde, en igual forma se establecieron los Tribunales de Ruanda y la antigua Yugoslavia.

En Naciones Unidas existieron largas y tensas discusiones para legalizar, de una vez por todas, un organismo penal internacional, donde queden definitivamente establecidas las sanciones a los crímenes que se cometían y para los cuales tenían que formularse procedimientos y normas para proceder, en base de un instrumento internacional, debidamente aprobado por los estados.

La lucha por un tratado definitivo. Por fin, con los trabajos realizados por la Comisión de Derecho Internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió convocar a una

“Conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional”, la misma que se efectuó en la ciudad de Roma donde, luego de interesantes debates jurídicos se adoptó el Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998. Durante la conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de este. Pese a esto, tanto Israel como los Estados Unidos firmaron, pero no ratificaron el tratado. De hecho, la firma por la parte estadounidense la realizó el expresidente Bill Clinton solo un día antes de dejar el poder a George W. Bush. Días después, en un acto poco común, Bush dispuso que se retire la firma del tratado. Ejemplo que sigue ahora Putin.

Pese a la experiencia internacional en suscripción de tratados multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quorum para su entrada en vigencia (60 países). Sin embargo, el proceso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal hasta que diez países en conjunto depositaron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el 11 de abril de 2002. El estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002.

Además de los 11 tipos de actos que se consideraron crímenes de lesa humanidad, similares a los tipificados en Núremberg, se consideraron también el genocidio, los crímenes de guerra y de agresión. Todos ellos fueron debidamente detallados en los artículos del estatuto.

Ecuador ratificó a su debido tiempo el tratado, sin embargo, muchos estados siempre con el pretexto de que se afecta su soberanía, se han negado a ratificarlo, quedando un vacío muy grave, ya que los dirigentes de estos países son los que más violan el Estatuto y así quedan libres de una lógica sanción internacional, pese a los atroces crímenes que cometen.