La mayoría del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enmudece ante el vínculo de Daniel Frías, postulante mejor puntuado del concurso de defensor público, con el prófugo de la justicia y procesado en Metástasis, Xavier Jordán.

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En ediciones pasadas, EXPRESO reveló que un Toyota Sequoia, que en 2022 fue utilizado por el exasambleísta Ronny Aleaga, también procesado en Metástasis, relaciona a Frías con Jordán. También expuso su nexo societario con la persona que le habría vendido el vehículo, en un patio de autos.

Aunque a criterio del exconsejero Aland Molestina este debería ser un tema que preocupe al máximo órgano del CPCCS, pues estarían por designar a una autoridad envuelta en cuestionamientos, la mayoría del pleno ha preferido guardar silencio ante las consultas extendidas por este medio de comunicación.

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Cinco de los siete consejeros del CPCCS, incluido su presidente, Andrés Fantoni, no respondieron a las inquietudes de este Diario sobre qué acciones tomarán ante la revelación del nexo entre Daniel Frías y Xavier Jordán, quien perteneció a la red tejida por el ‘narco’ asesinado Leandro Norero.

Mishelle Calvache, vicepresidenta del CPCCS y una de los tres únicos consejeros que respondieron a las preguntas planteadas, se limita a indicar que debido a que el pleno está por resolver apelaciones de impugnaciones de la etapa final del concurso, no puede pronunciarse “porque adelanto criterio”.

Por otra parte, la removida expresidenta y consejera del CPCCS, Nicole Bonifaz, destaca que “no se puede tolerar que los concursantes a autoridad del Estado tengan cuestionamientos”, ya que, además del vínculo revelado, Frías suma otras denuncias que incluso han llegado a la Fiscalía General del Estado.

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Una de ellas es la presentada por el asambleísta Ferdinan Álvarez en 2023, cuando aún estaba con el correísmo. En su momento, Álvarez denunció el presunto delito de asociación ilícita en el concurso, señalando a Frías, entre otros postulantes, y a miembros de la entonces comisión ciudadana de selección.

Otro señalamiento hecho al mejor puntuado del proceso de defensor público, pero que no ha llegado al Ministerio Público, es el expuesto por la consejera de la Liga Azul, Yadira Saltos, sobre un presunto conflicto de intereses entre Frías y la consejera Johanna Verdezoto, quien no ha negado los hechos.

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Aunque la situación preocupa, Bonifaz acota que el pleno no puede hacer mucho. “No es posible detenerlo, pero sí conocer las impugnaciones y apelaciones ciudadanas, eso haremos en estas semanas”, dice y exhorta a que el pleno se preocupe por designar a personas probas y buenos profesionales.

Sin embargo, el consejero Juan Esteban Guarderas hace hincapié en que mientras el supuesto nexo de Frías con el prófugo Jordán no se materialice en una denuncia ante el Ministerio Público, no podrían “bajarse candidaturas” del concurso de defensor público. Incluso señala que, culminando recusaciones y apelaciones pendientes, es inminente la designación de esta autoridad para mayo de 2024.

Ante este complejo panorama, el exconsejero Aland Molestina comenta que ante la imposibilidad de hallar una vía legal para dar marcha atrás al proceso, la Asamblea Nacional podría ser la institución competente para fiscalizar la posible designación de Frías e incluso apuntalar su destitución.

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Sin embargo, desde la mesa de Fiscalización, el legislador oficialista Ramiro Vela señala que, aún estando vigente el concurso, debería ser el CPCCS el que tome las decisiones que correspondan sobre este señalamiento. “Ellos son los que llevan el concurso. No podemos, como función Legislativa, involucrarnos en el tema”, dice.

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