El costo de proteger a Correa es el secreto mejor guardado

Saber cuánto le cuesta al país el contingente que resguarda a Rafael Correa y su familia es posible... pero podría tomar entre cinco a diez años.

Primero, porque el Ministerio de Defensa no conoce el monto y segundo porque, así lo tuviera, la entidad considera que, posiblemente, sea “información secreta” protegida por los artículos 19 y 20 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Lo aseguró el exministro de Defensa, Miguel Carvajal, en la misiva a la que respondió a un pedido de la Asamblea Nacional interpuesto por la legisladora del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes.

La solicitud, enviada el pasado 22 de agosto, requería el listado del personal asignado al exmandatario, el monto de gastos mensuales y el valor de las remuneraciones que recibe la comitiva.

Carvajal, hoy secretario nacional de Gestión de la Política, fue claro. El resguardo de Correa está bajo la responsabilidad del Servicio de Protección Presidencial (SPP), entidad suscrita a la Presidencia y a la Secretaría de Inteligencia (Senain).

El funcionario solicitó que el pedido se anteponga ante esta institución, pero añadió que, cuando se pida, solo será entregado si la información que ahí consta no es “reservada, secreta o secretísima”.

Si lo es, pues tanto los legisladores como la ciudadanía deberán esperar entre cinco a diez años a que sea pública, o iniciar el engorroso trámite de exigirle a la Corte Nacional de Justicia que la desclasifique.

Para Reyes, la respuesta es un nuevo intento por mantener bajo la mesa el alto costo que supone al Estado mantener a la comitiva en Bélgica.

“Me parece un absurdo. No estoy pidiendo la logística o los movimientos del expresidente. Lo que quiero saber es cuántas personas están en ese contingente y cuánto cuestan, porque es dinero público. Es un simple tema de transparencia”, argumentó la asambleísta.

Con ella concuerdan reconocidos juristas que alegan que el costo de esta comitiva, que fuentes del Servicio de Protección Presidencial indicaron a EXPRESO que consistía en seis miembros de la Senain y dos sargentos de las Fuerzas Armadas, no debería ser un secreto de Estado.

“Se trata de un expresidente que ya no tiene posibilidad de mando, por ende, su protección no es una cuestión de seguridad nacional.

Sin embargo, como este contingente nació por un decreto absurdo, se acude al mecanismo de la seguridad interior para no tener que informar su valor real”, señaló Alfonso Zambrano Pasquel, exmagistrado de la Corte Suprema del Ecuador.

El catedrático y jurista cuencano Jaime Castro añadió que es inusual que un rubro de este tipo sea considerado privilegiado.

“Es la primera vez que en el país el costo de protección de un expresidente se considera reservado. Es válido legalmente cuando se trata de un mandatario en funciones, pero no de un expresidente”.

Aún así, pasando de sus opiniones personales, los letrados coinciden en que si fue determinado como secreto, el valor del resguardo está protegido.

“Habría que preguntar quién pidió que esta información sea clasificada”, estableció Juan Morales, catedrático y exjuez. “Pero mientras se determine así, su desclasificación se deberá pedir a la Corte Nacional de Justicia y ellos decidirán si divulgarla alteraría el orden público o no”.

Mientras tanto, Reyes deberá esperar la contestación del Servicio de Protección Presidencial. Sin embargo, tiene claro que la probabilidad de recibir las respuestas que busca es mínima. La lucha por la transparencia parece destinada a ir, una vez más, a la Corte.

El SPP debe responder en siete días

El pasado jueves, Reyes interpuso un nuevo oficio, esta vez destinado al Servicio de Protección Presidencial. De acorde con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la entidad deberá responder al pedido de información en un máximo de quince días, de los que restan siete. En él la legisladora nuevamente detalló que se desglose el número de oficiales, sus salarios, valor por viáticos y compensaciones.