COS: confidencialidad del aborto
El nuevo proyecto de Código Orgánico de la Salud (COS) está generando mucha controversia respecto a ciertos temas de trascendencia para la sociedad, entre ellos el aborto. Despejando dudas, dicho proyecto no discute su legalización, que según la Constitución del Ecuador (art. 45) y el Código Orgánico Integral Penal (art. 150) es un delito, salvo causales específicas.
El art. 194 del COS establece que “serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud; y, a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, y deberán respetar la confidencialidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional”.
La ministra de Salud ha insistido en que el COS busca proporcionar una respuesta oportuna por parte del Sistema de Salud a la hora de atender las emergencias de aquellas mujeres cuya vida esté en riesgo como consecuencia de la práctica de un aborto, independientemente del origen de este.
Para las agrupaciones provida lo que genera preocupación acerca del COS es el punto que hace referencia a la imposición de confidencialidad al médico tratante y al centro de salud respecto al hecho, lo que podría dar lugar a una prohibición de denunciar un presunto acto ilícito cometido fuera de la institución de salud, es decir, un aborto inducido.
Amplia y profunda reflexión merece este tema tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía pues entran en juego aspectos muy críticos. Por un lado están los casos como el de violación, que constituye un hecho traumático para la víctima y cuyo tratamiento amerita total discreción para no generar una afectación adicional a la mujer, y por el otro, la posibilidad de que al existir el impedimento legal de dar a conocer la interrupción intencional del embarazo a las autoridades o padres de familia, se pudiese llegar a invisibilizar, en el caso de los menores de edad, hechos de violencia intrafamiliar, abusos en colegios o iglesias, o la operación de clínicas y distribuidores de químicos abortivos al margen de la ley.
