Luego de aprobar las enmiendas propuestas por el expresidente Rafael Correa, los legisladores de Alianza PAIS, entre los que se cuentan ministros de la actual administración, celebraron en el pleno. Casi tres años después, la Corte Constitucional echó aba

La Corte liquida las enmiendas correistas

Las enmiendas establecieron, además, la reelección indefinida para las autoridades de elección popular. Las demandas llegaron de inmediato, pero la Corte Constitucional no trató el tema ayer porque la medida fue derogada por Consulta Popular.

La decisión tardó, pero llegó. Ayer, la Corte Constitucional declaró improcedentes a las enmiendas que impulsó el expresidente Rafael Correa y que fueron aprobadas por la mayoría legislativa de Alianza PAIS, en 2015.

¿Qué temas se revocaron? Según conoció EXPRESO, el contenido de 14 de las 15 enmiendas ahora es inconstitucional. La comunicación como servicio público es un ejemplo.

Según Correa y su bancada legislativa, la comunicación era “un servicio público que se presta a través de medios públicos, privados y comunitarios”. Lo dicho atenta contra tratados internacionales que la consideran un derecho.

La asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, fue una de las demandantes del artículo 384 de la Constitución -donde se incorporó el término servicio público-. Para ella, esa designación es una aberración jurídica que resta derechos a los ecuatorianos.

Cinco de los nueve jueces de la Corte Constitucional aprobaron, además, que la Contraloría recupere las funciones de control de la gestión de los funcionarios públicos. Las enmiendas de PAIS limitaron el trabajo del ente de control estatal a la revisión de recursos públicos.

El ahora prófugo excontralor, Carlos Pólit, demandó el cambio por el candado que ponía a la labor de los burócratas. Su sucesor, Pablo Celi, continuó insistiendo a la Corte para que tramite la demanda. “Como contralor del Estado, he venido reclamando desde el inicio de mi gestión, la restitución de esta facultad, por ser fundamental para el cumplimiento de las funciones de control y cuya ausencia favoreció su debilitamiento al limitar el alcance de las auditorías”, dijo a EXPRESO. La última insistencia a la Corte fue en marzo pasado.

Las Fuerzas Armadas también tendrán cambios. Las enmiendas derogadas ayer establecían que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”. Es decir, se ordenaba el control interno de los militares.

El tema despertó sospechas y motivó demandas porque se temía que el Gobierno utilice a los militares discrecionalmente. La decisión restituye, además, el carácter especial de las pensiones jubilares de policías y militares.

Incluso, las organizaciones sindicales tuvieron un triunfo ayer. Geovanni Atarihuana, director del movimiento Unidad Popular, señaló que los movimientos sociales pueden celebrar el regreso de los derechos laborales. La contratación especial y la asociación sindical desaparecieron del sector público tras la orden del exprimer mandatario.

Tras la decisión de la Corte Constitucional, que hasta el cierre de esta edición no fue notificada a todos los demandantes, el acatamiento deberá ser inmediato según el exjuez del organismo, Antonio Gagliardo. “Estas deberán ir al Registro Oficial para que se publique y con eso deberá hacerse la reforma en los textos legales”.

El 3 de diciembre de 2015, la Asamblea aprobó las enmiendas con 100 votos afirmativos.

En contra

Fernando Bustamante y los integrantes del Partido Social Cristiano votaron en contra de las enmiendas de Rafael Correa. El resto de la oposición abandonó la sesión del 3 de diciembre de 2015. Los integrantes de PAIS festejaron la decisión.

Reelección

Las enmiendas establecieron, además, la reelección indefinida para las autoridades de elección popular. Las demandas llegaron de inmediato, pero la Corte Constitucional no trató el tema ayer porque la medida fue derogada por Consulta Popular.

Los cambios

La derogatoria incluye, además, los cambios en gobiernos seccionales para la convocatoria a consulta popular y el mínimo de edad para la postulación a la Presidencia de la República. 14 de las 15 propuestas.