La Corte Constitucional pone freno a una consulta popular sobre mineria
Rechaza la convocatoria de cuatro poblaciones cercana al proyecto Cascabel por incumplir requisitos formales.
La Corte Constitucional ha rechazado por unanimidad una consulta popular sobre actividad minera, planteada por cuatro poblaciones de Imbabura y Carchi cercanas al megaproyecto Cascabel, anunciado la semana pasada por el Gobierno por ser una de las fuentes de oro y cobre más grandes del mundo.
El máximo órgano de Justicia considera en su resolución que la convocatoria de las comunidades de Lita, Carolina, Jijón, Caamaño y Goaltal no cumple con todas las exigencias formales. “No reúne los requisitos de claridad y precisión que la ley exige, tales como aquellos relativos a la existencia de considerandos introductorios que permitan contextualizar las preguntas y la no inducción de las respuestas del elector”, señala el comunicado remitido. De ahí, argumenta la Corte, la decisión de negar y archivar la propuesta de consulta.
No obstante, el estamento constitucional aclara que no entró a examinar la procedencia de consultas populares sobre minería convocadas por la ciudadanía”, pues el caso no superó el control inicial de “considerandos y cuestionario”.
Los comuneros pedían que la Corte Constitucional autorice la realización de una consulta popular sobre la explotación minera a la población de cuatro pequeñas localidades, lo que ponía en riesgo el desarrollo del proyecto Cascabel, con reservas de 10,9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro, según datos oficiales.
Como reacción, los actores relacionados con el sector minero han celebrado la decisión, enviando un comunicado en el que destacan que “esta decisión de la Corte Constitucional será el primer paso para terminar con la incertidumbre e inseguridad que provocan este tipo de consultas que vulneran derechos constitucionales de terceras personas y que podrían afectar gravemente la soberanía del Estado ecuatoriano”. Reiteran, además, el argumento de que “la decisión sobre el uso y aprovechamiento de los recursos minerales es jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente del Estado”, de acuerdo a lo “establecido en la Constitución”.
En marzo de este año, se realizó una consulta popular en Girón, en Azuay, sobre la explotación minera en el proyecto de oro y plata Loma Larga, operado por la canadiense INV Metals Inc. En la consulta ganó la postura que se opone a la explotación minera, lo que obligó a la firma a buscar una posible reubicación de una parte del proyecto para continuar con su desarrollo.
El Gobierno ecuatoriano ha defendido el desarrollo de la minería legal y a gran escala, debido a los importantes depósitos de minerales que tiene, lo que podría permitirle fuertes ingresos que se sumarían a los petroleros para financiar su alicaída economía. Pero para los activistas y opositores a la minería, el Gobierno no está protegiendo las fuentes de agua ni el ambiente al autorizar la explotación minera.
