Corrupcion inminente

La crisis fiscal, causada por el endeudamiento delictuoso de Correa y su pandilla, no es un problema económico. Es un problema legal que demanda juicio penal y condena.

Previa aprobación del directorio del FMI, nueva deuda por US$ 10.200 millones afecta a Ecuador. Desembolsos: $ 4.600 millones en 2019, $ 3.150 millones en 2020, y $ 2.500 millones en 2021.

Al no existir metas fiscales, US$ 6.700 millones de “libre disponibilidad” para que el Gobierno haga “lo que crea conveniente” es un desatino social, económico y corrupción inminente. Moreno dijo: “el dinero será invertido en oportunidades de trabajo, casa para todos, ayudas técnicas para personas con discapacidad y más escuelas”.

Cuando burócratas del FMI lleguen a un acuerdo con burócratas locales, la “balanza de pagos” (ingresos vs. egresos) seguirá igual y no mejorará.

Dicen que sus 4 principios van a “impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización del Ecuador; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción”.

El FMI es abogado de acreedores y prestamista. Sus recetas no ayudan a la gente sino a la “burocracia dorada” con ingresos superiores a $ 4.000 mensuales.

Los vulnerables, que son la mayoría, tratan de sobrevivir y alimentar a su familia: el ama de casa, el agricultor, el obrero, el empleado, el emprendedor y el desempleado que producen (compran y venden, en manos de chulqueros), los que tienen casa y los que no la tienen, los que viven el día a día o las noches de insomnio y los jubilados que sobreviven con ingresos mezquinos de 200 a 500 dólares mensuales.

La economía es sentido común. El menos común de los sentidos. Hay que abrir el país a nuevos capitales para crear trabajo. La dolarización se sostendrá con inversión de riesgo y el ingreso masivo de dólares. Un solo “impuesto flat” generará dólares con capitales nuevos. La competencia dinamizará la producción.