Aunque algunos candidatos siguen pensando que el combate a la corrupción no tiene impacto en la generación de votos y por eso no enfatizan en ello, priorizándolo en su programa de acción, pareciera que comienza a darse una reacción ciudadana, y también en algunas fuerzas políticas, dirigida a intentar evidenciarla y sancionarla.

Nuevamente se anuncian marchas en Quito y una de ellas es de protesta contra la corrupción. Por su parte, dos candidatos a asambleístas, de diverso signo ideológico, han planteado en la Fiscalía demandas solicitando que se abra una investigación penal en contra del vicepresidente de la República, ahora candidato a la reelección.

Con ese nuevo panorama es posible que en los días que restan para que se realice la primera vuelta electoral, los aspirantes a la Presidencia de la República radicalicen sus posturas en relación a una lacra que está consumiendo a la nación y exijan la divulgación de lo que se conoce sobre los implicados en la trama Odebrecht y en el cada vez más notable manejo doloso que se ha venido haciendo con el sueldo del Ecuador, en Petroecuador.

Los recientes aportes de la Contraloría ratifican parte de las denuncias que desde los medios de comunicación colectiva se han venido realizando, con no otro afán que el de proteger el patrimonio nacional.

Sin embargo, es lamentable que desde el Ejecutivo se insista en que ha existido un manejo eficiente y pulcro, cuando el rol que la ciudadanía espera se cumpla es el de desvirtuar las denuncias o la instauración de las acciones destinadas a esclarecerlas.

Simplemente negar la existencia de actos dolosos o atribuirlos a las frustraciones de la oposición o la inquina crónica de los medios de comunicación independientes, ya no satisface las expectativas de la sociedad ecuatoriana.

Los delitos probados en los hallazgos de dinero en efectivo en casas de funcionarios, el crecimiento súbito de sus cuentas corrientes o sus depósitos fuera del país, al igual que la adquisición de bienes no compatibles con la magnitud de sus sueldos, no dejan lugar a dudas.

Lo que se quiere saber, y se tiene derecho a esa información que además es deber del Estado proporcionarla, es el hasta dónde llega la responsabilidad o la complicidad en el cometimiento de esos delitos. Muy lamentable sería elegir a un corrupto.