Un adiós cargado de exculpaciones. El presidente Rafael Correa no quiere que su Gobierno llegue a su fin, en 29 días, perseguido por la percepción de que estuvo envuelto por una corrupción institucionalizada.

A intentar desvanecer esta idea, al parecer, estarán orientados sus discursos en estos últimos días. Ayer, por ejemplo, asistió a la inauguración de un complejo judicial ubicado en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

Ahí aseguró que en la lucha política le han querido ‘robar’ lo que él considera es su patrimonio más preciado: “Nuestra honradez y nuestras manos limpias”, dijo.

Según el mandatario, casos de corrupción como el de la Refinería de Esmeraldas son aislados y responden, más bien, “al corazón dañado” de algún funcionario que se dejó seducir por el dinero, antes que a una política establecida en esta década.

Esa corrupción, la que está implantada en el corazón, es la más difícil de erradicar, insistió ayer el presidente saliente y justificó que incluso hasta el papa Francisco ha reconocido que la hay en el Vaticano.

Correa también ha dado contexto a otros casos para intentar alejarlos de su administración. El lunes se refirió a la detención de su exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y descartó que el millón de dólares que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht haya sido una coima. ¿La razón? El dinero llegó en 2011, cuando ya no era funcionario público, afirmó.

“¿Dónde está el problema? Que no declaró ese millón de dólares, hay defraudación tributaria, probable lavado de activos. Lastimosamente las noticias salieron patas arriba y (dijeron) que coima, soborno”, explicó.

Pero lavado de activos es, precisamente, el delito que se investiga en este caso. El fiscal saliente, Galo Chiriboga, reiteró que las evidencias que al momento tiene la Fiscalía dan cuenta de que los dineros provienen de un acuerdo entre Odebrecht y Mosquera cuando ya no era ministro. En los 90 días de instrucción la Fiscalía buscará descubrir cuál fue el motivo de ese pago.

Corte Constitucional ‘en deuda’

n Dice que será crítico hasta el último día. El presidente Rafael Correa enfiló ayer sus reclamos hacia la Corte Constitucional (CC).

Según el mandatario, todavía hay desafíos para mejorar el sistema de Justicia. Lamentó que la CC se haya convertido en una cuarta instancia que “demora los juicios y genera incertidumbre jurídica”.

También cuestionó el hecho de que los miembros del organismo constitucional no tengan control político.

“Yo tengo control político por parte de la Asamblea, al igual que el procurador, fiscal, pero no ellos. Hay causas represadas que llevan varios años y sentencias en contra del Estado que generan asombro, por decir lo menos”, señaló.

Correa cree que ese es un tema que debe ser debatido por las futuras autoridades.