Correa se despidió con un proyecto de control a las redes

Correa se despidio con un proyecto de control a las redes

Fue una sorpresa. El presidente de la República, Lenín Moreno, no tenía idea del proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en las redes sociales.

Fue una sorpresa. El presidente de la República, Lenín Moreno, no tenía idea del proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en las redes sociales.

Esa fue la última propuesta que envió Rafael Correa a la Asamblea, justo un día antes de dejar el poder.

Citando al semiólogo italiano Umberto Eco, Moreno recordó que las redes son “el refugio de los miserables”. Sin embargo, agregó que son espacios maravillosos de la libertad de expresión. “La ofensa y la calumnia seguramente ameritan una norma. Pero debe ser consensuada y no impuesta”, subrayó en Cochasquí.

El proyecto de última hora de Correa señala que en las redes sociales se ha desarrollado un ánimo de confrontación. El texto dice que Internet podría ser utilizado para actos discriminatorios y delitos de odio, así como para difamar, insultar o desacreditar a personas por su etnia, identidad de género o condición migratoria, entre otros factores.

Según el proyecto, esos actos criminales en las redes sociales son una amenaza latente para la sociedad ecuatoriana.

La iniciativa, que tiene 10 artículos, dice que la ley se aplicará a las proveedoras de servicios de Internet con 100.000 usuarios registrados.

“Es irracional e ilógica. Un verdadero peligro para la libertad de expresión”, explicó a EXPRESO el director de Usuarios Digitales, Alfredo Velazco.

Esas empresas estarán obligadas a elaborar un informe trimestral “en castellano” sobre la gestión de reclamos del contenido ilegal que presenten los usuarios. Su gestión será supervisada por la máxima autoridad de la red social. Además, los proveedores designarán a un agente interno para cumplir con la ley.

Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), dijo que es una amenaza para controlar esos espacios de opinión. “Ojalá suspendan el tratamiento de ese proyecto”, añadió.

Las sanciones son más preocupantes. Hay multas administrativas que van de los 100 a los 1.000 salarios básicos. Es decir, para este año, entre 37.500 y 375.000 dólares, señala el proyecto.