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Coronavirus: La comunicación es otra tarea que superó a las autoridades

El gobierno central y la Municipalidad de Guayaquil omitieron información. Organismos de derechos humanos tienen reparos

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La ministra respondió preguntas en su cuenta de Twittercortesía

Algunas fueron errores por falta de experticia. Otras fueron omisiones intencionales que no han sido justificadas. En los dos casos, las autoridades nacionales y locales fallaron, y siguen fallando, en la tarea de comunicar la situación derivada por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

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La comunicación diaria del Gobierno nacional es el ejemplo estrella. Aunque la restricción de movilidad está por cumplir un mes, apenas esta semana se corrigieron parte de los problemas para llevar adelante una rueda de prensa virtual. En las semanas previas, los medios de comunicación enviaban sus preguntas vía WhatsApp para que sean leídas por periodistas y presentadores de los medios públicos que estaban en vivo con algún funcionario del gabinete de Lenín Moreno. Las preguntas eran filtradas sin explicación y se leían solo algunas. Las quejas de los periodistas ignorados no tenían eco y ese sistema se mantuvo hasta los primeros días de la semana pasada.

Tal fue la inconformidad de la prensa que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tuvo que ofrecer sus redes sociales para una comunicación más directa. Para evitar los filtros de los chats de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la funcionaria dijo que se comuniquen con ella para solventar todas las inquietudes de los medios.

La iniciativa ayudó, un poco. Las quejas constantes provocaron que, esta semana, se implemente un nuevo sistema de ruedas de prensa. Un mecanismo habitual en la comunicación del Municipio de Quito y que ha permitido constante interacción entre los medios y el alcalde de la capital, Jorge Yunda.

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Se trata de Webinar o sesiones colectivas donde los periodistas también están en vivo y pueden preguntar directamente al funcionario. Sin un filtro desconocido.

El caso fue aún más alarmante en el Ministerio de Salud. Hasta esta semana, con una emergencia que inició el 29 de febrero con el primer paciente de coronavirus en el Ecuador, esa cartera de Estado tenía un canal de comunicación con los medios que no aceptaba preguntas. Su chat solo permitía que el personal ministerial envíe mensajes, pero no permitía cuestionamientos o consultas de los periodistas.

Reclamos similares surgieron por la falta de información de otras entidades gubernamentales. Incluso se evidenciaron errores en la presentación de datos y contabilización de casos positivos de coronavirus. Apenas esta semana se habilitó una página web para hacer consultas directas y no depender del cuadro estadístico oficial.

Las falencias por desconocimiento, aunque peligrosas, son menos alarmantes que las omisiones intencionales. Casos donde el Gobierno o el Municipio de Guayaquil ocultaban datos a determinados medios de comunicación, preocuparon a la prensa y a los organismos de defensa de los derechos humanos.

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció, el lunes 13 de abril de 2020, que en los exteriores del cementerio de Pascuales, personal de la Armada se acercó a periodistas y sustrajo la memoria del dispositivo de registro aéreo (dron) que se utilizaba para retratar la situación del sector. Se llevaron el equipo sin dar explicación.

La semana pasada, tal como reportó EXPRESO, el vecindario aledaño al cementerio de Pascuales denunció con videos en redes sociales la llegada de “containers malolientes y bajas en la cobertura móvil”. El Comité señaló que con esos sucesos, la población creyó que se colocaron inhibidores de señal para restringir difusión de información sobre la actividad en cementerio.

Ante las denuncias y los reclamos, la Defensoría del Pueblo recordó que los tratados internacionales garantizan el trabajo de la prensa, pese a los estados de emergencia decreta