Control de las motos: historia de un fracaso

Fracaso continuo. La regulación del uso de motocicletas es un debate constantemente reciclado en el dilema de la inseguridad que atormenta a Guayaquil. Ahora, el gobernador José Francisco Cevallos y la autoridad municipal de tránsito, en un esfuerzo conjunto por primera vez en una década, se adjudican la tarea de convertir una historia de fracasos en una solución.

La primera vez que la medida se vendió como necesaria fue en 2009, cuando Francisco Jiménez fue gobernador. Anunció un “plan multisectorial” para frenar la creciente participación de motociclistas en delitos. Pero no llegó a implementarlo.

La tarea pendiente se reactivó al año siguiente, en 2010, durante la gobernación de Roberto Cuero: “el 70 % de las motos circula sin documentación”, dijo en el día del lanzamiento de su cruzada. La iniciativa incluía, para sorpresa de nadie, el uso obligatorio de chalecos reflectivos y operativos para detectar motos robadas que, se argumentaba, participaban en el 10 % de los crímenes en la provincia. Se ordenó. Se implementó. Pero no se cumplió.

En 2012, cuando desde el Ejecutivo se impulsó una medida para vestir a los motociclistas con chalecos reflexivos con el número de placa inscrito, una glosa de Contraloría obligó a la Agencia Nacional de Tránsito de Ricardo Antón a dar marcha atrás a la medida, justificada por la inseguridad.

Un año más tarde, en la era de Rolando Panchana, su incidencia en los delitos había trepado hasta el 40 %, según declaraciones del entonces gobernador. Panchana, asfixiado entonces por la tragedia de las drogas más que por el robo y sicariato, ofreció como solución un plan con doble vía: operativos para detener “a todas las motocicletas sin matrícula” y redadas en los recintos de “venta ilegal” de motos. Era el criterio de Panchana que los robos se hacían en motos robadas. Durante los primeros meses de su gestión se retuvieron casi 2.000 motocicletas. Pero el delito no se frenó. Tampoco fue capaz, como anunció cuando pidió “la colaboración de los alcaldes”, de lograr una medida que evitara la circulación de dos personas en un vehículo.

El gobernador Julio César Quiñónez intentó sin éxito, en 2015, coordinar una ordenanza que regulara las motos. Tras el fracaso puso la mira en las distribuidoras de motocicletas para exigir la identificación de los compradores y lograr una base de datos que sirviera a la Policía Nacional para frenar la participación en delitos que, en cifras citadas por Quiñónez, se acercaba al 50 %. Tras su retiro, a finales de 2016 para participar en la campaña que lo llevó a la Asamblea, Luis Monge lo reemplazó sin ninguna propuesta visible en este sentido.

Siete años más tarde, Cevallos recibe una postal tétrica y que pudo ser evitada: el 60 % de los asesinatos, el 35 % de los robos a personas, el 32 % de robos de motos y el 25 % de robos en las vías se cometen hoy desde una motocicleta.

La propuesta firme aún se estudia. Pero las ideas, de momento, se reciclan: estrenar la “cero tolerancia” contra quienes no cumplan los requisitos legales de circulación, controlar los centros de distribución y venta o prohibir la circulación de dos hombres en una moto. Esta última y polémica medida ha sido aplicada exitosamente, según las cifras policiales, en Manta.

Mientras esto se decide, la participación de motos en delitos saltó 50 puntos porcentuales en ocho años.